El Gobierno de México garantizará la seguridad de las familias de Sinaloa, aseguró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, tras la licencia de Rubén Rocha a su puesto de gobernador.
“No nos vamos a retirar. Se mantendrá coordinación permanente con las autoridades del estado y la gobernadora Yeraldine Bonilla tendrá todo el apoyo del Gobierno de México”, afirmó en conferencia este lunes 4 de mayo en las instalaciones de la IX Zona Militar en Culiacán.
Es la reunión 14 del Gabinete de Seguridad se reúne en Sinaloa para informar de las acciones emprendidas contra grupos de la delincuencia organizada.
“Hay avances firmes. El trabajo no ha concluido y se seguirá actuando con firmeza para pacificar el estado de Sinaloa”, destacó el secretario.
Ricardo Trevilla Trejo, general secretario de la Defensa, informó que hay más de 13 mil 300 elementos de fuerzas de seguridad que participan en tareas de combate al crimen en Sinaloa.
De ellos, 2 mil 732 efectivos corresponden a las fuerzas especiales apoyados por dos mil vehículos y 48 aeronaves.
El secretario de la Defensa Nacional destacó que el despliegue ha permitido una reducción de 44 por ciento de los homicidios dolosos en Sinaloa, y en especial, en Culiacán se han disminuido en 38 por ciento, además de que se registró una menor percepción de inseguridad en la última encuesta del Inegi.
Rubén Rocha no pidió protección de la Guardia Nacional
García Harfuch aclaró que fue a propuesta del Gabinete de Seguridad que a Rubén Rocha se le asignó un operativo de la Guardia Nacional para su protección.
“El Servicio de Protección Federal hace evaluaciones de riesgo constantemente de diferentes funcionarios. Algunos gobernadores o exgobernadores, cuando salen, solicitan medidas de seguridad, en este caso no fue una solicitud, sino que se recomendó que tuviera un cuerpo de seguridad”, apuntó en conferencia.
El secretario sostuvo que no ha habido riesgo en la seguridad de Rocha Moya ni mucho menos una amenaza en su contra. “Al ser Sinaloa un estado donde ha habido hechos violentos, pues lo que se considera es que tenga escolta”.
García Harfuch comentó que no conoce el paradero actual del gobernador con licencia, pero, dijo, muy probablemente permanece en Sinaloa. “Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa.
El funcionario fue cuestionado si dentro del Gabinete de Seguridad federal se había tenido alguna sospecha en torno a la presunta vinculación de Rocha Moya con Los Chapitos.
“Por supuesto que no teníamos ningún indicio. Tenemos, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, resultados y detenciones y nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Gobierno del estado para continuar o realizar dichas las operaciones”, puntualizó.
¿Vicefiscal de Sinaloa también pidió licencia?
La Fiscalía General de Sinaloa remarcó que Dámaso Castro Zaavedra se mantiene en su cargo “y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”.
El vicefiscal de Sinaloa es uno de los funcionarios o exfuncionarios públicos de Sinaloa señalados de tener supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa, en específico con la facción de Los Chapitos.
La Fiscalía de Sinaloa precisó que “atenderá cualquier citación, requerimiento o resolución que, en el ámbito de sus competencias, emita la autoridad correspondiente, incluida la Fiscalía General de la República, en estricto apego al marco legal”.
El artículo 135 constitucional establece los casos específicos en los que se requiere una declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado para el inicio de acciones legales, sin contemplar el cargo de vicefiscal general dentro de las y los servidores públicos sujetos a ese procedimiento.
En el artículo 9 de la Ley Orgánica define la estructura interna de la institución, incluyendo a las vicefiscalías como órganos que forman parte de su integración administrativa, sin otorgarles un régimen especial de inmunidad procesal.
¿Qué funcionarios sí pidieron licencia en Sinaloa?
Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, pidió una licencia temporal de al menos 10 días y que puede alargarse incluso hasta 6 meses. En su lugar, quedó de manera interina la síndica Ana Mirima Ramos.
En lo que respecta a Enrique Inzunza Cázares, el senador puntualizó que desmintirá “las falsedades” del Departamento de Justicia desde su cargo, por lo que descartó pedir licencia.
“Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas”, expresó.
Con información de Carlos Velázquez