En entrevista, el líder priista adelantó que la estrategia incluirá acciones tanto en México como a nivel internacional.
“Presentaremos una denuncia ante el INE para que Morena sea considerado como un narcopartido y se le retire el registro. También habrá denuncias internacionales”, declaró.
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Señalamientos vinculados a caso Sinaloa
Moreno sustentó sus declaraciones en las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien señaló como pieza clave en presuntas irregularidades durante el proceso electoral de 2021 en esa entidad.
El dirigente recordó que el PRI ya había denunciado en ese año supuestos actos de intimidación, violencia y manipulación electoral.
“Se vivió una elección marcada por el hostigamiento y el terror”, afirmó.
Retomarán denuncias ante la FGR
El también senador indicó que su partido reactivará denuncias presentadas previamente ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se involucra a diversos actores políticos, entre ellos el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como dirigentes y funcionarios vinculados a Morena.
Según Moreno, las acusaciones también alcanzan a integrantes del gobierno de Sinaloa, incluidos titulares de áreas como Seguridad, Finanzas y Gobierno, además de autoridades municipales.
Acusa control institucional e impunidad
El líder del PRI argumentó que la demora en retomar estos señalamientos se debe a que Morena, según su postura, ha concentrado poder en instituciones clave para evitar investigaciones.
“La acusación en Estados Unidos es muy grave, habla de secuestros y asesinatos. Aquí no se investigó porque hay control de las instituciones. Eso no es soberanía, es impunidad”, sostuvo.
Moreno también afirmó que durante el proceso electoral de 2021 hubo presiones y amenazas contra candidatos y militantes de su partido, con el objetivo de inhibir su participación.
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Finalmente, el dirigente priista pidió que las investigaciones no se limiten a un solo caso y que se analicen posibles vínculos de otros mandatarios estatales con situaciones similares.
La controversia se da en un contexto político marcado por tensiones entre oficialismo y oposición, así como por investigaciones internacionales que han generado reacciones en distintos niveles del gobierno mexicano.