Moroleón, Gto.– Un exrector universitario fue sentenciado a 50 años de prisión por secuestro agravado en Moroleón, luego de que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acreditó que planeó el delito y contrató a varias personas para ejecutarlo en agosto de 2023.

El sentenciado fue identificado como Jorge Carlos “N”, quien fue declarado culpable tras comprobarse su participación en la privación de la libertad de un joven estudiante, en hechos ocurridos afuera de una institución educativa del municipio.

Secuestro en Moroleón fue por disputa de bienes

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía estatal, el móvil del crimen fue un conflicto relacionado con bienes patrimoniales.

El acusado recibió 50 años de prisión tras comprobarse que organizó el plagio para obtener beneficios patrimoniales.

Las autoridades detallaron que el exrector habría ordenado el secuestro con el objetivo de presionar a la familia de la víctima para que firmara documentos legales a su favor.

Según la investigación, Jorge Carlos “N” contrató a varias personas para ejecutar el secuestro afuera de la universidad donde estudiaba la víctima.

El joven fue privado de su libertad por varias horas mientras los responsables realizaban amenazas contra su familia para obligarlos a acceder a sus exigencias.

Familia fue presionada para firmar documentos

La Fiscalía informó que, bajo amenazas, los familiares de la víctima accedieron a firmar documentos legales a favor del ahora sentenciado.

Aunque la víctima fue liberada horas después del secuestro, las exigencias relacionadas con el conflicto patrimonial se concretaron días más tarde.

Las autoridades no revelaron mayores detalles sobre los bienes en disputa ni la relación exacta entre el exrector y la familia afectada.

Fiscalía logra sentencia de 50 años

Durante el juicio oral, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro presentó pruebas para acreditar la responsabilidad del exrector en la planeación y ejecución del delito.

Tras analizar las evidencias, un tribunal determinó dictar una sentencia de 50 años de prisión, además de imponer una sanción económica y la obligación de reparar el daño a las víctimas.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato señaló que esta resolución busca enviar un mensaje contra delitos de alto impacto como el secuestro en la entidad.

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