De acuerdo con cifras recientes, únicamente 28.3 millones de líneas han completado el proceso de registro, frente a las 161.7 millones de conexiones móviles reportadas al cierre de 2025. Esto significa que apenas el 17.5 por ciento de los usuarios ha cumplido con la obligación, mientras que el 82.5 por ciento permanece fuera del padrón.
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El escenario ha comenzado a generar preocupación tanto entre especialistas como dentro del sector de telecomunicaciones, debido al impacto operativo y económico que podría provocar una eventual suspensión de millones de líneas móviles en caso de mantenerse el calendario original.
Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), señaló que el retraso refleja la complejidad del proceso y la dificultad de alcanzar la meta planteada por las autoridades antes del 30 de junio de 2026.
Según explicó el analista, para lograr el cumplimiento total sería necesario registrar diariamente más de 1.75 millones de líneas durante las próximas semanas, una cifra que considera prácticamente imposible con el ritmo actual.
Además, advirtió que el mayor riesgo se concentra en el mercado de prepago, segmento que representa más del 83 por ciento de las líneas móviles en México y que se caracteriza por una alta rotación de usuarios y menor estabilidad en los registros.
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Las consecuencias ya comenzaron a reflejarse en las principales compañías telefónicas del país. Durante el primer trimestre del año, operadores como Telcel y AT&T México reportaron pérdidas importantes en su base de usuarios.
América Móvil informó una disminución de 483 mil accesos móviles, mientras que AT&T México registró la pérdida de 577 mil líneas, en lo que especialistas consideran el primer impacto directo derivado del nuevo esquema regulatorio.
Jesús Romo, analista de Global Data, explicó que el segmento de prepago será el más afectado, especialmente entre consumidores de bajos ingresos, lo que podría traducirse en presión financiera para las empresas de telecomunicaciones si la tendencia continúa.
A la par del rezago en registros, expertos también han cuestionado la efectividad del mecanismo actual debido a la eliminación de datos biométricos como parte del proceso de validación.
Mony De Swaan Addati, expresidente de la extinta Cofetel, advirtió que el esquema vigente podría facilitar casos de suplantación de identidad, ya que actualmente basta con presentar una CURP y una identificación oficial para activar líneas a nombre de terceros.
El especialista consideró que la medida buscó simplificar el trámite y generar confianza entre los usuarios, pero debilitó los mecanismos de certeza sobre la identidad real de quien utiliza cada línea telefónica.
Mientras tanto, el reloj sigue avanzando hacia el 30 de junio de 2026, fecha límite fijada por las autoridades para completar el registro obligatorio. Quienes no concluyan el trámite podrían enfrentar la suspensión total de sus servicios móviles, conservando únicamente acceso a llamadas de emergencia.