1.- Contraloría de León batea señalamiento de conflicto de interés en compras
Que la titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Rosario Rodríguez Flores, encargada de firmar las validaciones jurídicas de compras de la Tesorería —donde su hermana, Graciela Rodríguez Flores, es la titular— no incurre en conflicto de interés. Así lo sostuvo la contralora Viridiana Márquez Moreno.
Ayer, en el Comité de Adquisiciones, finalmente la Contraloría entregó el análisis realizado tras el señalamiento de la regidora morenista Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, quien en la pasada sesión del comité advirtió el posible conflicto de interés.
Según la respuesta de la Contraloría —entregada desde el 5 de mayo a la propia Graciela Rodríguez Flores por su calidad de secretaria ejecutiva del Comité de Adquisiciones, aunque curiosamente distribuida hasta ayer entre regidores— no existe conflicto porque “no se advierte que el dictamen de viabilidad (jurídica) sea determinante para adjudicar un contrato derivado de una licitación pública (…) (y que) la intervención de la secretaría ejecutiva influya en la decisión del Comité, atendiendo a que únicamente cuenta con derecho a voz y no a voto”.
La síndica María Esther Santos de Anda también salió en defensa de los procesos de compra y de plano calificó los señalamientos de la morenista como imprecisos y desgastantes para la confianza institucional.
Terminaron bateando el señalamiento de Montes de Oca Mayagoitia, pero no deja de ser cuestionable, al menos en términos de interés público, que quien revisa la legalidad de las compras de la Tesorería sea la propia hermana de la tesorera.
La relación familiar era conocida desde hace años. Sin embargo, el señalamiento sobre el posible conflicto de interés surge en medio de un deterioro en la confianza de los ediles hacia la tesorera, particularmente tras el escándalo por la contratación de una empresa presuntamente vinculada al caído Allan León Aguirre.
No parece que prosperen los señalamientos de la regidora morenista, pero la duda quedó. Donde también debería existir mayor observancia es en el ambiente laboral alrededor de la directora de Asuntos Jurídicos. Desde hace al menos cuatro años arrastra acusaciones por presuntos malos tratos, aunque no es lo único. Ahora comienzan a surgir nuevos señalamientos de posible acoso laboral, un tema donde bien podrían poner la lupa tanto la Contraloría como los regidores.
2.- La CIDH vuelve a exhibir la crisis de desapariciones
La presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre desapariciones en México volvió a colocar frente al espejo la dimensión de la crisis humanitaria que atraviesa el país.
La relatora para México, Andrea Viviana Pochak, habló de un fenómeno “indiscriminado” y advirtió sobre la colusión entre agentes del Estado y grupos criminales, lo que podría representar “formas de aquiescencia” y que implica reconocer que, en distintos niveles, la autoridad puede estar permitiendo, tolerando o facilitando las desapariciones.
A diferencia de lo ocurrido con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), que fue recibido por el gobierno federal entre confrontaciones y descalificaciones, esta vez el tono institucional fue distinto. En el evento estuvieron presentes el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa Martínez, y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina Padilla.
El mensaje oficial insistió en que las desapariciones son una prioridad y que existe disposición de colaboración. Pero el discurso gubernamental terminó por estrellarse con la realidad. La buscadora Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte de Irapuato, resumió años de abandono y simulación: “al escuchar a un Estado que jamás nos ha escuchado, es vergonzoso escuchar que quieren cooperar con las víctimas cuando se han encargado de tapar todas las fichas de personas desaparecidas (…) es indigno cualquier avance del Estado mexicano que se quiera presumir cuando no han tenido en más de un sexenio la dignidad de recibirnos cinco minutos”.
Bibiana Mendoza recordó además que Guanajuato es la entidad donde más personas buscadoras han sido asesinadas. Apenas el sábado, dos mujeres del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos fueron asesinadas en Salamanca. Hoy, Periódico Correo recoge una conversación con familiares de las víctimas que deja ver la poca confianza en el Estado y el temor: “no andamos buscando culpables, ni tampoco les dijimos a la Fiscalía que les exigimos que busquen, que chequen o si llegan a agarrar a los culpables que nos avisen; eso se lo dejamos a Dios, confiamos en Dios, nosotros no queremos represalias”.
El discurso de Bibiana Mendoza no solo desmontó la narrativa institucional, sino que dio un golpe de realidad que el Estado mexicano se niega a ver en su totalidad.
Por cierto, el informe también advierte que Guanajuato figura entre las 18 entidades con mayor riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado, particularmente en municipios como León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande, Salamanca y Yuriria.
3.- Un socialista que no pelea con los privados
No han resultado atractivas hasta ahora las concesiones que el gobierno del morenista Job Gallardo Santellano busca adjudicar para los servicios de recolección de basura y alumbrado público. En la primera circulación de la licitación no hubo interesados, pero el gobierno municipal mantiene la apuesta.
En el caso de la basura, las deficiencias municipales son evidentes y se arrastran de hace años. En la última revisión al desempeño municipal realizada por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), de 2023, fue el servicio peor evaluado. En alumbrado público el resultado no fue tan negativo, aunque tampoco destacó y obtuvo una calificación similar a la del abasto de agua potable y apenas por encima del alcantarillado.
Lo significativo es que el gobierno municipal plantea concesiones por 15 años en ambos servicios, el plazo más largo detectado hasta ahora tras revisar otros procesos municipales recientes donde también se optó por concesionar, como Manuel Doblado con 10 años o Romita con seis años, ambos en alumbrado público. Para la recolección de basura sí se iguala a la concesión en San Luis de Paz, también con 15 años y que dio inicio desde el año pasado.
Gallardo Santellano, que se dice marxista y socialista, parece no encontrar problema entre esa definición ideológica y entregar servicios públicos a operadores privados durante tres lustros. Aunque, en realidad, las etiquetas ideológicas son lo de menos cuando la administración termina rebasada por las necesidades. En todo caso, lo mínimo ideal es transparentar el proceso completo de concesión y explicar con qué estudios técnicos, financieros y operativos llevaron al municipio a considerar la concesión durante 15 años. A su favor juega que los hallazgos de la ASEG confirman deficiencias graves.
Contra Retrato
Jorge Espadas Galván
Fue el primero en pisar el acelerador en la adelantada contienda interna del PAN por la candidatura a la presidencia municipal de León. Ahora el coordinador de la bancada panista en el Congreso redobla esfuerzos y de los tinacos, calentadores solares y portadas de revista, pasó a reforzar su presencia en territorio.
“Estamos dentro del marco legal y esa idea de servicio a la ciudadanía la vamos a mantener”, dijo a Periódico Correo sobre el despliegue de lonas con su imagen en colonias y comunidades de León. Si algo ha sabido aprovechar el panista son las lagunas electorales para crecer en reconocimiento sin asumir todavía, de manera abierta, la naturaleza de sus aspiraciones.
Espadas Galván no lo dirá públicamente, pero la caída del que fuera el delfín político de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos —y que terminó acelerando su salida del partido— debió sonar como música para sus oídos. No porque el ausente Allan León Aguirre tuviera posibilidades reales de quedarse con la candidatura, sino porque su salida terminó acotando la vitrina.
En la carrera se mantiene el diputado federal Alan Márquez Becerra y el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien con menor margen de maniobra hace lo suyo tejiendo alianzas estratégicas. Además de Luis Ernesto Ayala Torres, que sin eufemismos ya dijo que va.
Desde el PAN-gobierno les han soltado la rienda para avanzar en la construcción de sus proyectos políticos. Las declaraciones de ayer del dirigente estatal, Aldo Márquez Becerra, dejaron clara la permisividad: “No ha incurrido en ninguna actividad fuera de la normativa el diputado Espadas (…) que no se espanten”. Tampoco podría decir algo distinto cuando su hermano recorre una ruta similar.
No será lo último que se vea de quienes sueñan con la candidatura. Como va marcando el tono de Espadas Galván, la ambición será cada vez menos “discreta”, aunque oficialmente “no son los tiempos”.