Guanajuato, Gto.- El Gobierno del Estado de Guanajuato oficializó una reforma integral al Código Penal con la que se pone fin al “vacío legal” en el que operaba el uso de aeronaves pilotadas a distancia, mejor conocidas como drones, para fines ilícitos. A partir de ahora, el uso de estos dispositivos para labores de vigilancia o ataques será castigado con hasta 10 años de prisión.
A través del decreto publicado en el Periódico Oficial este 13 de mayo, se adicionaron disposiciones al catálogo de delitos contra la seguridad pública. La nueva normativa busca neutralizar la ventaja tecnológica que grupos delictivos han obtenido al utilizar drones para el “halconeo“, la planeación de delitos y la ejecución de agresiones directas.
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Vigilancia y “halconeo” digital: bajo la lupa penal
Para quienes utilicen drones o mecanismos de control remoto para acechar a la ciudadanía, la ley es estricta. Debido al riesgo que representa la obtención de información para cometer delitos como secuestro o extorsión, se establecen las siguientes medidas:
- Penalidad: Se imponen penas de 3 a 10 años de cárcel a quien vigile domicilios, negocios o centros de trabajo con fines delictivos.
- Multas: Sanciones económicas que pueden alcanzar hasta las 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
- Decomiso: Es obligatoria la incautación y posterior decomiso de los aparatos, controles y equipo de transmisión utilizados en el acto.
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Ataques aéreos y transporte de explosivos
En el caso de los dispositivos modificados para causar daño físico, la reforma integra delitos de alta peligrosidad. Se castigará severamente a quien utilice estas aeronaves para:
- Arrojar objetos: El lanzamiento de sustancias tóxicas, inflamables, armas o explosivos.
- Interferencia: El uso de tecnología para bloquear señales de seguridad o monitorear frecuencias oficiales de las corporaciones policiales.
- Facilitación delictiva: El empleo de drones para ayudar en la evasión de reos o personas bajo custodia.
La reforma no solo busca sancionar a la delincuencia organizada, sino también garantizar la privacidad de los hogares guanajuatenses. Al tipificar el acecho mediante tecnología, el Ministerio Público contará con mejores herramientas para procesar a quienes vulneren la intimidad de las familias con fines de robo o acoso.
Tras su publicación, la reforma entró en vigor de manera inmediata el 14 de mayo, otorgando facultades plenas a la Fiscalía General del Estado para investigar estas conductas de oficio.
