La propuesta, elaborada por la Consejería Jurídica de la Presidencia, busca modificar diversos aspectos del nuevo modelo de elección de jueces, magistrados y ministros, incluyendo cambios en la boleta electoral, el número de candidatos y el sistema de evaluación de aspirantes.
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¿Por qué Sheinbaum quiere mover la elección judicial a 2028?
La mandataria explicó que la intención principal no es reducir costos, sino facilitar el proceso de votación para la ciudadanía.
Indicó que si la elección judicial coincidiera en 2027 con los comicios intermedios —donde se renovarán 17 gubernaturas, diputaciones federales y miles de cargos locales— sería necesario instalar casillas y urnas diferenciadas debido a las reglas especiales de la votación judicial.
Esto ocurre porque en la elección de integrantes del Poder Judicial no está permitida la presencia de representantes de partidos políticos en las casillas.
“Se trata de mover la elección del Poder Judicial de 2027 a 2028 y hacerla concurrente con la revocación de mandato, en caso de que ocurra”, señaló Sheinbaum.
Reforma plantea cambios en la Suprema Corte y las boletas
Entre los ajustes incluidos en la iniciativa destaca la creación de dos nuevas secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la eliminación de sus salas.
De acuerdo con la propuesta, estas áreas atenderán asuntos menores para agilizar el trabajo del pleno de ministros.
La reforma también contempla:
- Simplificación de las boletas electorales.
- Reducción del número de candidaturas judiciales.
- Capacitación obligatoria y permanente para juzgadores electos.
- Adelantar tres meses la convocatoria emitida por el Senado.
- Elegir vacantes judiciales en la siguiente jornada electoral.
- Cambiarán el conteo de votos y la evaluación de aspirantes
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Otro de los cambios importantes plantea que el escrutinio y cómputo de votos de la elección judicial se realice directamente en las casillas y no en sedes distritales, como ocurrió en la elección de 2025.
Además, se propone crear una comisión coordinadora integrada por representantes de los tres poderes de la Unión para homologar criterios y metodologías en la evaluación de aspirantes.
Aunque cada comité mantendría la facultad de elaborar sus propias listas de candidatos elegibles, la nueva comisión buscaría unificar estándares de evaluación.
La iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados, donde se prevé que sea analizada durante un periodo extraordinario de sesiones.
El proyecto forma parte de los ajustes impulsados tras la implementación de la reforma judicial y la experiencia registrada durante las elecciones judiciales de 2025.