1.- Alejandra Gutiérrez vs. PAN: nadie llega limpio en esta disputa
Sin decir nombres la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció que presentará una denuncia por violencia política en razón de género ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
Es incuestionable el derecho que tiene la alcaldesa a presentar las denuncias que considere si se ha sentido atacada bajo un componente de género, más allá de su quehacer público, aunque otra vez la falta de precisión termina debilitando sus propios señalamientos y abre espacio a que sus lances sean vistos como improvisaciones y no como una defensa articulada.
Hasta ahora, al menos públicamente, no se ha documentado en el Ayuntamiento un episodio que permita identificar con claridad un caso de violencia política de género. Distinto es lo que pueda ocurrir fuera de los reflectores públicos. Hace apenas unos días la alcaldesa acusó al síndico Román Cifuentes Negrete de haberla amenazado, un señalamiento que el panista rechazó.
Habrá que esperar si la denuncia se concreta y, sobre todo, conocer los hechos que la sustentan. De lo contrario, el anuncio corre el riesgo de convertirse en otro episodio más de la estrategia política con la que la alcaldesa busca responder a la ofensiva que enfrenta desde el PAN, ahora que es una de las principales cartas de Movimiento Ciudadano en Guanajuato.
En esa disputa, las auditorías se han convertido en el principal campo de batalla. Gutiérrez Campos tiene razón cuando sostiene que no se trata de revisiones ordinarias y que existe un evidente componente político.
Pocas figuras políticas conocen tan bien esos mecanismos y el uso que puede darse a las instituciones para presionar adversarios. Ella recurrió a lo mismo tras la administración de Bárbara Botello Santibáñez. Pero también es cierto que las auditorías no surgieron de la nada. Las denuncias sobre las contrataciones de presuntas empresas fantasmas ligadas a uno de sus más cercanos colaboradores, que incluso ya llegaron a la Fiscalía, aportan elementos que justifican una revisión de fondo a estos contratos.
La confrontación, así, enfrenta a una alcaldesa que denuncia el uso político de las instituciones y a un PAN que hoy enarbola la bandera de la transparencia, pese a que durante años fue complaciente y adulaba al gobierno que ahora cuestiona. Ambos tienen razones para señalarse y también cuentas pendientes que explicar.
2.- Crimen ocupa vacíos de autoridad en comunidades rurales
Las amenazas atribuidas al crimen organizado modifican la vida comunitaria en distintas regiones de Guanajuato. El domingo, el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, advirtió que en varias comunidades se han suspendido fiestas patronales, sobre todo los eventos recreativos ligados a estas celebraciones. Incluso algunas actividades religiosas han debido ajustarse a horarios específicos por razones de seguridad.
El obispo aclaró que estos reportes no corresponden únicamente a Irapuato, sino a distintos municipios que integran la diócesis, entre los que se encuentran, por ejemplo, Salamanca y Valle de Santiago, donde la violencia mantiene bajo presión a las comunidades y, lejos de disminuir, se ha recrudecido.
El lunes, el presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca, Raymundo Gómez García, defendió los hallazgos del Diagnóstico Integral de Seguridad Salamanca 2026, que retrata las consecuencias cotidianas de esa realidad: comerciantes obligados a cerrar por las extorsiones, adultos mayores que dejan de salir por miedo, jóvenes que denuncian presiones para integrarse a grupos criminales y deserción escolar vinculada a la inseguridad.
Ese control territorial tampoco es exclusivo de esta zona. En diversas regiones, especialmente en comunidades rurales, los grupos criminales han impuesto reglas que llegan a dictar la vida cotidiana. Definen horarios, restringen actividades y condicionan incluso las celebraciones comunitarias bajo amenazas. Casos similares se reportan en comunidades del sur de León, donde existen denuncias sobre este tipo de control, aunque las autoridades municipales han evitado reconocer públicamente la dimensión del problema.
A ello se suma un fenómeno igual de preocupante, y es que en algunas comunidades se normaliza la presencia de integrantes del crimen organizado, vistos incluso como protectores o benefactores. Una consecuencia de los vacíos de autoridad y del abandono institucional durante años.
3.- Primeros avances para robustecer Aeropuerto Internacional de Guanajuato
El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, se reunió con directivos del Aeropuerto Internacional de Guanajuato para mantener la coordinación en el proyecto de ampliación de la terminal, cuya conclusión está prevista hasta 2029.
Por ahora, los avances visibles siguen siendo limitados. Las obras para ampliar la sala de reclamo de equipaje, los filtros de inspección y las puertas de abordaje —los puntos donde hoy se concentra la mayor presión por el incremento de pasajeros— no presentan avance físico relevante. Pero donde sí hubo un avance importante fue en la construcción de las instalaciones para la Guardia Nacional, que reforzarán la seguridad del aeropuerto.
El reto es relevante porque la ampliación tardará todavía varios años, mientras la demanda continúa creciendo y la infraestructura poco a poco se vuelve insuficiente, lo que termina limitando nuevos destinos y hasta afectando la experiencia de llegada de visitantes.
Las cifras del Observatorio Turístico de Guanajuato reflejan esa tendencia. En 2023 el aeropuerto movilizó 3.2 millones de pasajeros; en 2024 la cifra bajó ligeramente a 3.1 millones, pero en 2025 alcanzó un máximo de 3.3 millones. El crecimiento resulta aún más significativo al compararlo con el periodo previo a la pandemia, cuando en 2019 registró 2.7 millones de usuarios.
De acuerdo con el más reciente reporte del Grupo Aeroportuario del Pacífico, entre enero y mayo el Aeropuerto Internacional de Guanajuato acumuló 1 millón 273 mil pasajeros, lo que lo ubica como el quinto de mayor tráfico entre las terminales que opera la concesionaria. La ampliación no responde a una expectativa de crecimiento, sino a una necesidad que desde hace tiempo alcanzó a la infraestructura existente.
Contra Retrato
Emmanuel Valenzuela Alcaraz
Al recién nombrado titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Bajío ya le estalló la primera crisis. Varios trabajadores denunciaron haber sido despedidos sin justificación ni indemnización y, entre ellos, hay adultos mayores.
Al menos dos de los cuatro casos de personas que fueron despedidas, anunciaron que emprenderán acciones legales por el despido y la falta de pago. Además, sostienen que su salida estuvo motivada por su edad, un señalamiento que, de acreditarse, podría configurar un acto de discriminación y que sería una grave incongruencia en una administración federal que ha pugnado por el trato digno de los adultos mayores.
Cuando se oficializó su nombramiento se destacó que recibía “una oficina con indicadores de desempeño positivos”. Precisamente por ello resulta llamativo que una de sus primeras decisiones haya sido prescindir de personal. Sin una explicación pública sobre las razones de esos movimientos, es inevitable que surjan dudas sobre si se trata de una reestructuración justificada o del clásico relevo para abrir espacio a cercanos.
Hasta ahora, el funcionario federal no ha explicado qué motivó los despidos, si habrá más cambios en la plantilla o cuál es su respuesta frente a las denuncias de los extrabajadores, particularmente de quienes aseguran haber sido separados por su edad. El silencio, lejos de disipar las sospechas, alimenta la percepción de que las decisiones administrativas se tomaron sin la transparencia que exige una institución encargada, precisamente, de defender derechos.