León, Gto.– Tras un proceso judicial que se prolongó durante varios años y que estuvo marcado por diversos recursos legales y juicios de amparo promovidos por la defensa, un juez dictó una sentencia acumulada de mil 18 años y cuatro meses de prisión en contra de Édgar Francisco “N”, responsable de un fraude inmobiliario que afectó a decenas de familias en León.
La resolución fue emitida en dos sentencias condenatorias los días 26 y 30 de junio de 2026.
La primera fue de 438 años y cuatro meses de cárcel y la segunda de 580 años, ambas por el delito de fraude.
Aunque la legislación de Guanajuato establece un máximo de 80 años de prisión como tiempo efectivo de compurgación, el fallo también ordena la reparación integral del daño a las víctimas.
León
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El juez determinó que el sentenciado deberá pagar 29 millones 923 mil 100 pesos por concepto de daño material, además de 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados, para un total superior a los 33 millones de pesos.
El esquema de fraude
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, Édgar Francisco “N” operaba a través del despacho jurídico “Punto Legal“, donde ofrecía la adquisición de viviendas mediante supuestos remates bancarios.
Sin embargo, las indagatorias establecieron que los inmuebles promocionados no se encontraban en procesos de remate y que el acusado no contaba con facultades legales para comercializarlos, por lo que cientos de personas entregaron importantes cantidades de dinero bajo engaños.
Más de 400 afectados, pero solo 107 casos llegaron a sentencia
Desde que el caso se hizo público, más de 400 personas señalaron haber sido víctimas del presunto fraude inmobiliario y presentaron denuncias ante las autoridades.
No obstante, la Fiscalía únicamente logró obtener sentencias condenatorias por 107 casos, que fueron los expedientes que pudieron integrarse y acreditarse ante los tribunales con los elementos de prueba necesarios.
Las 107 víctimas reconocidas en la sentencia representan una parte de los afectados que denunciaron haber perdido sus ahorros e incluso el patrimonio de toda una vida al confiar en la oferta de supuestos remates bancarios.
Un proceso largo
El procedimiento penal se extendió durante varios años debido a los diversos recursos legales interpuestos por la defensa, entre ellos juicios de amparo e impugnaciones que retrasaron el avance del caso.
Finalmente, las resoluciones de los tribunales permitieron que el proceso llegara a la etapa de juicio oral y concluyera con una de las condenas más altas dictadas en Guanajuato por un caso de fraude masivo.
Para las víctimas, la sentencia representa un precedente en materia de delitos patrimoniales y abre la posibilidad de recuperar parte del dinero perdido mediante la reparación del daño ordenada por el juez.