De acuerdo con las investigaciones, la organización operó desde 2021 y hasta principios de 2025, periodo en el que se realizaron 459 altas irregulares de supuestos maestros en al menos 12 municipios mexiquenses.
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Más de 20 personas ya fueron vinculadas a proceso
La Fiscalía detalló que 26 de los imputados ya fueron vinculados a proceso y permanecen recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Respecto a los siete restantes, las autoridades precisaron que:
- Uno continúa bajo investigación.
- Cinco promovieron juicios de amparo ante la justicia federal.
- El resto sigue pendiente de resolución judicial.
Los delitos que se les atribuyen incluyen fraude y abuso de autoridad, además de otras conductas relacionadas con el manejo irregular de recursos públicos.
Detectan desvío de 96 millones de pesos en 14 meses
Las indagatorias señalan que únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026, los presuntos responsables obtuvieron de manera ilegal alrededor de 96 millones de pesos provenientes del erario estatal.
Esta cifra, según la Fiscalía, no contempla otras prestaciones laborales que también generaban las plazas ficticias, como:
- Aguinaldos.
- Primas vacacionales.
- Bonos.
- Prestaciones de ley.
Además, las investigaciones indican que varios de los involucrados también se asignaban plazas a sí mismos, obteniendo salarios cercanos a 50 mil pesos mensuales por cada nombramiento.
¿En qué municipios operaba la red?
Las plazas falsas fueron asignadas a escuelas ubicadas en distintos municipios del Estado de México, entre ellos:
- Almoloya de Alquisiras.
- Amecameca.
- Ecatepec.
- Luvianos.
- Naucalpan.
- Nezahualcóyotl.
- Metepec.
- Tejupilco.
- Texcoco.
- Toluca.
- Zinacantepec.
- Zumpango.
De acuerdo con la carpeta de investigación, varios de esos centros educativos ni siquiera operaban o presentaban irregularidades que facilitaron la creación de las plazas inexistentes.
Exfuncionarios y mandos medios integraban la estructura
Entre los detenidos figuran exservidores públicos que ocuparon cargos de alto nivel dentro de la administración estatal.
Según la Fiscalía, la red estaba integrada por:
- Dos exsubsecretarios.
- Dos exdirectores generales.
- Dos delegados administrativos.
- Un coordinador de delegaciones.
- Dos directores de área.
- Cinco subdirectores.
Las autoridades sostienen que estos funcionarios reclutaban capturistas de confianza para registrar las plazas irregulares dentro del sistema administrativo.
Cada capturista presuntamente recibía 5 mil pesos por cada alta, mientras que las personas que prestaban su identidad para aparecer como supuestos docentes cobraban depósitos de hasta 200 mil pesos, aunque únicamente recibían alrededor de 6 mil pesos, quedando el resto del dinero en manos de la organización.
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Viajes de lujo y propiedades bajo investigación
La Fiscalía aseguró que el dinero obtenido presuntamente fue utilizado para financiar un estilo de vida de alto nivel.
Entre los hallazgos de la investigación destacan viajes realizados a destinos como:
- París.
- Dubái.
- Las Vegas.
- Islas del Caribe.
- China.
- Egipto.
Asimismo, los expedientes señalan que varios de los implicados poseían automóviles de lujo, accesorios de alto valor y residencias ubicadas en zonas de alta plusvalía.
La investigación inició tras una detención en Toluca
Uno de los hechos que fortaleció las investigaciones ocurrió el 19 de diciembre de 2021, cuando agentes ministeriales detuvieron en flagrancia a Juan Alberto “N” mientras realizaba operaciones en un cajero automático del centro de Toluca.
Durante la detención le fueron aseguradas 164 tarjetas bancarias y aproximadamente 180 mil pesos en efectivo.
Posteriormente, otro funcionario declaró que el detenido realizaba supuestas gestiones bancarias relacionadas con tarjetas de nómina, versión que derivó en nuevas líneas de investigación.
La Fiscalía sostiene que el presunto líder de la organización fue Óscar “N”, exdirector general de Personal y exsubsecretario de Administración durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza, quien habría conformado una estructura integrada por diversos colaboradores actualmente procesados.
Podrían enfrentar décadas de prisión
La carpeta de investigación está integrada por 30 tomos y más de 12 mil páginas, en las que se documentan las operaciones presuntamente realizadas por la organización.
La Fiscalía mexiquense indicó que, conforme al Código Penal del Estado de México, las penas por estos delitos pueden oscilar entre 10 y 26 años de prisión por cada ilícito acreditado, además de que las sanciones podrían acumularse por cada plaza irregular registrada.