Guanajuato, Gto.– Al inicio del desahogo del punto 5.14 del orden del día de la Diputación Permanente del Congreso de Guanajuato, los legisladores guardaron un minuto de silencio a propuesta de la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Yesenia Rojas Cervantes por el fallecimiento de Lorenzo Salgado Alruco. El hombre murió bajo custodia de autoridades de migración en Estados Unidos. Rojas Cervantes expuso que, con este caso, suman 17 connacionales fallecidos bajo circunstancias similares.
Posteriormente, la diputada panista presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a dar seguimiento, investigar y sancionar la agresión que sufrió el ciudadano mexicano David Abundiz Castro el pasado 27 de junio a las afueras del consulado de México en San Bernardino, California.

Lamentó que instituciones discriminen
La legisladora detalló que Abundiz Castro fue abordado con agresión verbal y empujones por guardias de seguridad privada contratados por el propio consulado cuando intentaba ingresar a solicitar información. Rojas Cervantes citó que la respuesta de un guardia al connacional fue: “yo decido quién viene y quién no“.
La legisladora cuestionó el funcionamiento de las oficinas de enlace de México en Estados Unidos, donde viven 12 millones de mexicanos, señalando deficiencias en el sistema de citas digitalizado:
“La representación diplomática no son oficinas de ornato ni agentes para dar discursos, sino el primer frente de defensa de los derechos, de la dignidad y la identidad de nuestros connacionales en el exterior“, manifestó la diputada, agregando que “es lamentable que las instituciones creadas para proteger a nuestra diáspora de la discriminación extranjera sean las primeras de discriminar, maltratar y criminalizar a los nuestros“.
La propuesta plantea exhortar a la SRE a corregir los protocolos de atención consular y al Congreso de la Unión a incrementar el presupuesto operativo de las oficinas en el extranjero para fortalecer su capacidad de auxilio a la población migrante. “Migrar nunca debe ser delito y menos para autoridades mexicanas”, concluyó la diputada.
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