La audiencia se realizó en los juzgados estatales del municipio y se prolongó durante casi 11 horas. Inició alrededor de las 10:00 de la mañana y concluyó poco antes de las 21:40 horas, cuando el juez notificó la decisión de sujetar a proceso a la edil, quien podrá enfrentar el procedimiento en libertad mientras continúan las investigaciones.
Fiscalía sostiene que el secuestro fue planeado desde febrero
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Nancy Nápoles habría organizado la simulación de su propio secuestro con el propósito de justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo.
Las investigaciones señalan que el supuesto plagio habría sido planeado desde febrero de este año con la participación de su esposo, José Roberto “N”, y su cuñado, Óscar “N”, quienes actualmente permanecen prófugos de la justicia.
Según la hipótesis ministerial, el objetivo era hacer creer que la cantidad exigida como rescate correspondía al monto que presuntamente faltaba en las arcas municipales.

Durante el desarrollo de la diligencia, la defensa de la alcaldesa solicitó que la audiencia se llevara a cabo de manera privada.
La petición fue aceptada por el juez, por lo que tanto ciudadanos como representantes de los medios de comunicación tuvieron que abandonar la sala mientras se desahogaban los argumentos de ambas partes.
Manifestantes exigen la renuncia de la presidenta municipal
Mientras se realizaba la audiencia, decenas de habitantes de Tenancingo se concentraron en el exterior de los juzgados para exigir la renuncia de la alcaldesa.
Los manifestantes acusaron a la administración municipal de ejercer actos de intimidación, abuso de autoridad y represión contra comerciantes y ciudadanos.
Con pancartas y consignas, los inconformes señalaron también a diversos funcionarios del gobierno municipal por presuntas amenazas y abuso de poder, además de reclamar que la administración ha perdido la confianza de la población.
Así habría ocurrido el presunto autosecuestro
De acuerdo con la carpeta de investigación, el supuesto secuestro ocurrió el 31 de mayo, cuando Nancy Nápoles denunció que fue interceptada afuera de su domicilio mientras se encontraba a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta acompañada por un familiar.
En su declaración inicial aseguró que varios sujetos armados la obligaron a subir a otro vehículo y posteriormente la trasladaron hacia la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.

La Fiscalía sostiene que durante el trayecto los presuntos participantes le proporcionaron un teléfono celular para comunicarse con sus familiares y solicitar 40 millones de pesos, cantidad que coincidía con el supuesto faltante detectado en la administración municipal.
La versión oficial apunta a una simulación
Las autoridades ministeriales afirman que el plan comenzó a desmoronarse cuando los involucrados observaron un fuerte despliegue policial en la zona.
Ante esa situación, presuntamente ordenaron que Nancy Nápoles fuera abandonada en el paraje conocido como El Capulín, en Tenancingo, para hacer creer que había logrado escapar de sus captores.
La Fiscalía considera que esta acción formó parte de una estrategia para dar credibilidad a la denuncia presentada posteriormente por la alcaldesa.
Ya hay otros implicados vinculados a proceso. Como parte de la investigación, las autoridades informaron que en Oaxaca fueron detenidos Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes presuntamente colaboraron en la simulación del secuestro.
Los tres ya fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos.
En contraste, la Fiscalía continúa buscando a José Roberto “N”, esposo de la alcaldesa, y a Óscar “N”, su cuñado, quienes permanecen prófugos y son considerados piezas clave dentro de la investigación.
Nancy Nápoles rechaza las acusaciones
Tras conocerse las investigaciones, la alcaldesa difundió diversos videos en redes sociales en los que negó haber organizado un autosecuestro.
Además, acusó a agentes del Ministerio Público de manipular parte de su declaración y aseguró que el proceso judicial responde a intereses políticos con el objetivo de desacreditar su administración.
No obstante, la vinculación a proceso únicamente significa que existen elementos suficientes para continuar con la investigación, por lo que la responsabilidad penal de la funcionaria deberá resolverse conforme avance el proceso judicial.
