Celaya, Gto.– La Fundación Pueblo Canino A.C. promovió un juicio de amparo indirecto ante los Juzgados de Distrito en Celaya para que el Centro de Control y Asistencia Animal frene el sacrificio de los perros y gatos ferales y en contra del recién aprobado “Reglamento para la Protección, Bienestar, Control y Asistencia para Animales de Compañía Convencionales en el Municipio de Celaya, Guanajuato”.
El activista y presidente de presidente de la Fundación Pueblo Canino, Jorge Reza Maqueo, argumentó que la normativa municipal excede las facultades de la ley estatal y abre la puerta a la eutanasia injustificada y discrecional de animales rescatados.
Manifestó que hay extralimitación y causales ilegales de eutanasia
De acuerdo con el documento de la demanda formalizada el pasado 7 de julio de 2026, el Ayuntamiento de Celaya incurrió en una extralimitación de funciones al incluir causales de sacrificio humanitario (eutanasia) que no contempla la Ley para la Protección Animal del Estado de Guanajuato.
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Los demandantes impugnaron específicamente los artículos 73, 126, 127 y 129 del reglamento local, denunciando que se autoriza el sacrificio de animales bajo resguardo en los siguientes supuestos considerados ilegales e inconstitucionales: enfermedades infectocontagiosas graves, aunque la norma local permite la eutanasia en patologías curables y reversibles (como la sarna o el moquillo), ignorando la obligación legal de proveer tratamiento sanitario.
En el recurso legal se cuestiona el riesgo a la seguridad pública que argumenta la autoridad municipal, calificado por los activistas como “un término subjetivo, impreciso y estigmatizante que criminaliza conductas naturales o corregibles de los animales“.
En el documento se manifiesta que el reglamento permite sacrificar a los animales silvestres o en situación de calle una vez descartadas opciones de adopción o albergue, lo que se traduce en una “sentencia de muerte” por razones de falta de infraestructura o presupuesto.
El recurso legal expone que la ley superior del estado de Guanajuato acota rigurosamente el sacrificio a sólo tres escenarios motivados por el bienestar animal (inhabilidad física, accidentes, vejez o enfermedad extrema) y una sola excepción basada en el riesgo para la salud humana que es en casos de agresiones graves comprobadas.
Impugnan artículos que facultan la eutanasia
Asimismo, señalan que el reglamento vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud integral pública y el principio constitucional de bienestar animal elevado a rango supremo a nivel federal en diciembre de 2024.
“La matanza y el exterminio de poblaciones ferales, combinado con la ausencia de una estrategia de esterilización realmente masiva, demuestran el fracaso en la gestión de este grave problema sistémico“, sostiene la demanda.
El abogado Jorge Reza señaló que no existen fundamentos legales para aplicar la eutanasia a perros o gatos por considerarlos ferales o por una enfermedad grave.
Los promoventes, quienes también colaboran en el programa de adopción Kiosco CREA —iniciativa que ha logrado colocar a más de 2 mil 80 animales en hogares de Celaya desde el 2023—, manifestaron que el juicio se realiza bajo absoluta buena fe y con interés social.
Homenajean a “Tsunami”, perro rescatista
El documento cierra con una dedicatoria a “Tsunami”, un perro rescatista que laboró en el terremoto de Venezuela tras haber sido salvado de una condición de abandono y sarna severa; una afección infectocontagiosa por la cual, bajo el nuevo reglamento de Celaya, habría sido condenado a morir.
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“Se dedica este esfuerzo litigioso a “Tsunami”, un perro rescatista que con entrega, se ha desempeñado salvando vidas y recuperando cadáveres entre los escombros del terremoto en Venezuela. Ese perro, fue rescatado de una condición de abandono severo; enfermo, entre otras afecciones, de sarna, una patología infecto contagiosa que cuando interesa la mayor parte del tejido cutáneo se considera grave.¿Cuántos Tsunamis han perdido la vida, o están ante la posibilidad de perderla por políticas públicas absurdas, crueles, inhumanas e ilegales”, señala el documento.
Las autoridades señaladas como responsables ordenadoras en el juicio son el Ayuntamiento y el Presidente Municipal de Celaya, mientras que las direcciones de Desarrollo Social, Salud Municipal y el Centro de Control y Asistencia Animal figuran como autoridades ejecutoras.
El amparo fue aceptado en el Juzgado Quinto de Distrito de Guanajuato con sede en Celaya y la audiencia constitucional será el 27 de agosto, en donde se va a resolver y se desahogarán las pruebas que las partes ofrezcan.
Cabe recordar que en diciembre del 2023, la Fundación Pueblo Canino A.C. presentó un primer amparo para prohibir el sacrificio de perros y gatos que estén bajo el resguardo municipal, sin importar si nadie los reclama dentro de los primeros 15 días.
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