Guanajuato, Guanajuato.- Apoyada en el informe elaborado por la iniciativa Azul Cobalto, el cual documenta 131 suicidios entre elementos de seguridad en el país desde 2018, la diputada emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco advirtió sobre esta crisis emocional y presentó una iniciativa de reforma para que la atención psicológica sea reconocida por ley como un derecho permanente, propuesta en la que coincidió la legisladora panista Susana Bermúdez Cano mediante una segunda iniciativa paralela.

Guanajuato acumula al menos siete suicidios de uniformados
Durante la sesión de la Diputación Permanente, la diputada de Movimiento Ciudadano argumentó su postura citando los hallazgos del referido estudio “Suicidios en corporaciones policiales de México“, el cual señala que Guanajuato acumula al menos siete suicidios de uniformados. “El 78.6% de los suicidios fueron cometidos con arma de fuego y el 54.2% ocurrieron cuando la persona se encontraba fuera del servicio“, detalló Pedroza Orozco. Para atender el problema, su propuesta busca modificar cuatro ordenamientos: la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la del Servicio Profesional de Carrera Policial, la Ley Municipal y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

En un sentido similar, la iniciativa de Acción Nacional (apoyada por el PRD) respaldó la urgencia de atender esta crisis proponiendo crear un capítulo específico de “Protección de la Salud Mental” en las leyes de seguridad. Bermúdez Cano argumentó que detrás del uniforme hay personas que “diariamente enfrentan condiciones que ponen a prueba su salud mental“. La legisladora panista enfatizó que las escenas de violencia, las pérdidas humanas y el sufrimiento al que se exponen los oficiales representan una presión extraordinaria que “no solo pone a prueba su capacidad operativa, también desafía su fortaleza emocional“.
Ambas iniciativas de reforma, cuyo objetivo coincidente es obligar a los 46 ayuntamientos y al Estado a garantizar protocolos preventivos y atención clínica permanente (no solo de forma reactiva al momento de crisis), fueron turnadas a comisiones para su dictaminación técnica.
