La orden fue firmada por el fiscal Brayan Melgar y, de acuerdo con información confirmada por personas cercanas al exmandatario, también incluye acusaciones por atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
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¿Por qué investigan a Evo Morales?
Las autoridades bolivianas vinculan al exmandatario con las movilizaciones que durante siete semanas paralizaron importantes carreteras del país, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia.
Las protestas fueron encabezadas por campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), con el respaldo de grupos afines a Morales, quienes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz como principal demanda.
Según el Gobierno boliviano, los bloqueos provocaron una severa afectación al abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades.
Además, las autoridades atribuyen a estas movilizaciones la muerte de al menos 16 personas, de las cuales 13 habrían fallecido debido a la falta de atención médica ocasionada por el cierre de las carreteras. También estiman pérdidas económicas superiores a los 3 mil millones de dólares.
¿Quién presentó la denuncia?
La denuncia penal fue interpuesta a principios de julio por líderes cívicos del departamento de Santa Cruz, considerado el principal motor económico de Bolivia.
Posteriormente, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, se sumó al proceso judicial.
La investigación también alcanza a otros dirigentes sociales, entre ellos el máximo representante de la Central Obrera Boliviana, Marco Argollo, y el líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece bajo prisión preventiva desde el pasado 6 de julio por otra causa relacionada con los mismos acontecimientos.
Evo Morales rechaza las acusaciones
El expresidente negó haber impulsado una campaña para exigir la salida del presidente Rodrigo Paz y sostuvo que las movilizaciones únicamente buscaban que el Gobierno atendiera las demandas de diversos sectores sociales.
Sin embargo, la Fiscalía considera relevante una publicación realizada por Morales el 24 de mayo en la red social X, donde afirmó que el mandatario solo tenía “dos caminos” frente al conflicto: militarizar el país o convocar elecciones en un plazo de 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores movilizados, el Gobierno decretó el estado de excepción el 20 de junio para liberar las carreteras. Posteriormente, elementos de la Policía y del Ejército fueron desplegados para retirar los bloqueos y restablecer la circulación.
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Morales enfrenta otra orden de captura
Esta no es la única causa judicial abierta contra el exmandatario.
Desde octubre de 2024, Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político y sindical, donde permanece resguardado por simpatizantes que buscan impedir el cumplimiento de otra orden de aprehensión.
Ese proceso corresponde a una investigación por presunta trata agravada de personas, relacionada con una menor de edad con quien, según las autoridades, habría tenido una hija cuando ejercía la Presidencia en 2016.
En mayo de este año, un tribunal del departamento de Tarija lo declaró en rebeldía por no presentarse al inicio del juicio y emitió una nueva orden de captura. La Policía boliviana ha señalado que espera las condiciones adecuadas para ejecutar dicho mandato judicial.
Con esta nueva orden por presuntos delitos relacionados con las protestas, la situación legal del exmandatario se complica mientras continúa refugiado en Cochabamba y enfrenta múltiples procesos ante la justicia boliviana.