¿Qué hay detrás de las escuelas militarizadas? Una tragedia obligó a averiguarlo
“¿Cómo van a estar operando estas escuelas por toda la República Mexicana por más de 30 años sin una supervisión?”. Esta pregunta lanzó la madre de Dafne Zapata, la niña de 13 años que el pasado 16 de julio murió por asfixia en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Tamaulipas.
Mientras la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que desde 2008 no tiene vínculos con este tipo de planteles, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre de las escuelas adscritas a este modelo, a partir del siguiente ciclo escolar.
Cada vez se revelan más detalles de la tragedia de Dafne; el último, la presunta llamada al 911 que confirmaría la responsabilidad de dos de las tres personas detenidas por su feminicidio, la coordinadora Estrella N, y Danna Yanina N.
Nuevamente, la mediatización de un caso orilla a la opinión pública y autoridades de diversos órdenes a investigar, tomar decisiones; en esta ocasión, las preguntas y preocupaciones arrojaron luces sobre un área gris en el sistema educativo de nuestro país.
¿Cifra negra?
Por desgracia, la muerte de Dafne no es un caso aislado. En 2023, Zamir Pinto, de 16 años, murió a causa de múltiples golpes en una escuela militarizada del Estado de México.
En 2025, Erick Terán murió de forma semejante en la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Morelos. Tras este último hecho, la SEP revocó el permiso al plantel para operar como secundaria.
Esta semana, en Jalisco surgieron denuncias por violencia física en la Academia Militarizada Esparta, del municipio de Sayula. Sin embargo, la institución anunció que se mantendrá en funciones.
“¿Cuántas muertes, cuántas torturas, cuántas vejaciones, violaciones, cuántas novatadas, y nunca escucharon a nadie?”, preguntó también la madre de Dafne Zapata.
Esta es una de las cuestiones que avivó el caso. Las escuetas declaraciones de la presidenta al respecto no resultaron tranquilizadoras: “Es muy buena la decisión que toma la SEP, porque con el pretexto de la disciplina, pues hay abusos y eso no puede permitirse”.
Una investigación de ‘Proceso’ arrojó cifras preocupantes. Desde 2006 han ocurrido 215 muertes en escuelas de México: 55 homicidios dolosos, cinco feminicidios, 11 homicidios culposos, 30 muertes naturales, seis suicidios, y 74 más sin clasificación. Fuera de estos datos oficiales, proporcionadas por secretarías y fiscalías estatales, ‘Proceso’ detectó 21 muertes violentas más, no reconocidas por las autoridades: un incidente relacionado con padecimientos cardiacos, y dos omisiones de auxilio o cuidado.
Sin embargo, el medio no tuvo acceso a este tipo de datos en lo referente a escuelas militarizadas. Ese vacío de información, inquieta, inevitablemente levanta sospechas. Es razonable preguntarse si historias como las de Dafne, Zamir y Erick son más comunes de lo que pensamos, si hay una cifra negra, si gracias a la corrupción se escamotean otros casos. Si la violencia es un fenómeno sistemático, normalizado, dentro de los esquemas militarizados, y por consiguiente, si esta situación sustentaría el descrédito que encierra el término ‘militarizado’.
Contradicciones e inconsistencias
En días recientes se ha difundido información que antes de la muerte de Dafne parecía carecer de relevancia. Por ejemplo: hay escuelas de esta modalidad en 16 estados de México.
De acuerdo con ‘La Jornada’, la lista de Centros de Trabajo 2025 de la SEP registra 60, ocho de ellas privadas, constituidas como Asociación Civil, y 23 bajo el control de las secretarías de Educación estatales u organismos descentralizados.
Sin embargo, la propia SEP, en medio de esta controversia, señaló que estos planteles sostienen un esquema que debería aplicarse exclusivamente para quienes aspiren a formar parte de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Esgrimiendo este y otros argumentos, la Secretaría de Educación anunció la clausura de las instancias que no cumplan con permisos y validez oficial, “o cualquier otra que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar”.
Estados como Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango, advirtieron que mantendrán sus respectivas escuelas de la modalidad mientras analizan su situación jurídica. A diferencia de Jalisco, en ninguna de estas entidades se han admitido o negado reportes de abusos y violencia.
En Guanajuato los Bachilleratos Bivalentes Militarizados, creados en 2019, cuentan con más de 3 mil 400 estudiantes y tienen gran demanda. En sus seis sedes, distribuidas en León, Irapuato, Celaya, Dolores Hidalgo y Acámbaro, se ofrece a los/ alumnos alimentación, apoyo económico, y al egresar son libres de seguir cualquier otra vocación profesional. La denominación de ‘militarizados’ hace referencia a la disciplina y valores involucrados en los métodos de enseñanza.
Este esquema no es el mismo en todos los casos. Esta crisis evidenció la falta de homologación y supervisión de estas escuelas y academias. La disposición de la SEP, en respuesta a la mediatización del injusto desenlace de Dafne, podría eliminar tanto planteles que sí impulsan el desarrollo de los jóvenes, como otros que incurren en serias irregularidades.
“¿Cómo el gobierno nunca se dio cuenta?”, se pregunta la madre de Dafne. No hay respuesta, lo único seguro es que hasta ahora ‘se dan cuenta’, y hasta ahora muestran disposición, aunque para actuar al vapor.
LO SUPERFLUO: La desaparición de las escuelas militarizadas podría poner fin a múltiples situaciones violentas.
LO PROFUNDO: La controversia reveló la falta de control sobre instancias destinadas a algo fundamental como la educación.