Guanajuato, Gto.- El diputado David Martínez Mendizábal prepara un nuevo exhorto para prevenir un uso discrecional de los programas sociales operados por el Gobierno del Estado, principalmente la Tarjeta Rosa, con el fin de evitar un mal uso durante el periodo electoral, tras advertir irregularidades en la repartición de las tarjetas Mujeres Grandeza dentro de los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) correspondientes al ejercicio 2025.
El legislador morenista consideró que las observaciones de la ASEG arrojaron indicios preocupantes en cuanto al incumplimiento de las reglas de operación del programa antecesor de la Tarjeta Rosa, como el hecho de que un 26% de las beneficiarias no proviniera de zonas de atención prioritaria. Además, señaló que la cifra podría ascender al 46% si se descartan las justificaciones dadas por la Secretaría de Desarrollo Social para incluir a mujeres que no pertenecían a las regiones contempladas en sus lineamientos.
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Detectan pagos duplicados, apoyos a personas fallecidas y fallas en programa Mujeres Grandeza de Guanajuato
Asimismo, la auditoría detectó otras observaciones, como la falta de evaluaciones de impacto, lo que impide conocer si el programa está contribuyendo a la reducción de la pobreza. También advirtió que los programas son manipulables al seleccionar al público objetivo, lo que abre la puerta a un posible uso electoral.
“Hay varios programas diseñados así y me parecen muy riesgosos de cara a las elecciones. Si van a seleccionar con criterios que ellos mismos no cumplen, hay una parte importante de discrecionalidad en el otorgamiento de los subsidios. Vamos a pensar en la consideración que haremos al respecto, pero ya lo dije en tribuna: espero que los programas que vienen no sigan este patrón de discrecionalidad, que cumplan las reglas y se evalúen”, expresó en entrevista con Periódico Correo.
Exhorto buscará fortalecer supervisión y evaluación de los programas sociales
Parte del exhorto que prepara, y que prevé presentar dentro de 15 días en sesión plenaria, se enfocará en que, además de cumplir estrictamente con las reglas de operación establecidas, los programas de asistencia social cuenten con mecanismos de supervisión y una evaluación de impacto en la vida de sus beneficiarias, que permitan determinar si contribuyen a reducir sus niveles de pobreza.
“Con un buen diseño, supervisión y evaluación de los programas se va a determinar si están llegando a donde realmente se necesitan y qué tanto están impactando en la erradicación de la pobreza. Ya lo solicité desde el año pasado y la directora del IPLANEG, en la glosa del informe, me dio la razón, aunque es muy difícil hacerlo; pero si el INEGI lo hace, cómo no lo va a hacer el Gobierno del Estado”, puntualizó.
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