La propuesta surge tras las conclusiones de un comité integrado por 54 científicos, especialistas y tecnólogos, quienes determinaron que las acciones previstas para fortalecer la producción nacional de gas resultan insuficientes para alcanzar la soberanía energética, aunque sí permitirían disminuir parcialmente la dependencia del suministro extranjero.
Los expertos subrayaron que cualquier eventual proyecto de fracturamiento hidráulico deberá cumplir estrictos criterios ambientales, hídricos y de supervisión científica, además de excluir por completo determinadas regiones consideradas de alto riesgo.
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México seguirá dependiendo del gas importado, advierte el comité
Durante la presentación del diagnóstico, el grupo de especialistas explicó que México consume actualmente alrededor de 9.1 mil millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales cerca del 75 por ciento proviene del exterior, principalmente de Estados Unidos.
Las proyecciones indican que, si no se implementan nuevas medidas, la demanda aumentará hasta 10.8 mil millones de pies cúbicos diarios para 2030, lo que incrementaría aún más la dependencia energética.
El informe también destaca que aproximadamente 70 por ciento de la electricidad generada en México utiliza gas natural, convirtiéndolo en un recurso estratégico para el funcionamiento del sistema eléctrico y de la industria nacional.
Las medidas actuales no garantizan la soberanía energética
Como parte de sus recomendaciones, el comité propuso acelerar el desarrollo de energías renovables, ampliar los programas de eficiencia energética, incrementar la producción de gas convencional operada por Pemex y reducir la quema de gas en instalaciones petroleras para aprovechar el combustible que actualmente se desperdicia.
Sin embargo, los especialistas estiman que, incluso aplicando estas acciones, la soberanía energética convencional alcanzaría únicamente 49.5 por ciento, por lo que el país seguiría dependiendo de las importaciones.
Ante este escenario, el comité planteó analizar el potencial de los recursos de gas no convencional existentes en territorio mexicano.
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Burgos y Sabinas serían evaluadas; Tampico-Misantla queda descartada
El estudio identifica un recurso prospectivo de 141.5 billones de pies cúbicos de gas localizado principalmente en las cuencas de Burgos, Sabinas-Burro Picachos y Tampico-Misantla.
No obstante, los especialistas recomendaron excluir totalmente la cuenca Tampico-Misantla de cualquier proyecto de extracción y concentrar los estudios de viabilidad únicamente en Burgos y Sabinas-Burro Picachos, ubicadas entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
El agua será el principal requisito para cualquier proyecto
El comité estableció que cualquier eventual desarrollo mediante fracking deberá cumplir estrictas condiciones antes de iniciar operaciones.
Entre las principales recomendaciones figura la prohibición del uso de agua dulce durante el fracturamiento hidráulico, sustituyéndola por agua salada extraída de formaciones geológicas profundas.
Asimismo, propuso reciclar al menos 75 por ciento del agua utilizada, eliminar sustancias químicas consideradas altamente tóxicas y transparentar toda la información relacionada con el consumo de agua y los aditivos empleados en cada proyecto.
Antes de autorizar cualquier explotación, los especialistas consideran indispensable perforar pozos científicos que permitan comprobar la disponibilidad de agua salada suficiente y verificar que estas formaciones no tengan conexión con acuíferos de agua potable ni con los yacimientos de gas.
También plantearon establecer una red permanente de monitoreo para detectar oportunamente cualquier posible impacto ambiental.
Como parte de las conclusiones, el comité insistió en acelerar la transición hacia energías renovables, fortalecer la eficiencia energética, incrementar la producción nacional de gas convencional y eliminar la quema de gas en instalaciones de Pemex.
Además, recomendó que cualquier proyecto de extracción de gas no convencional sea sometido previamente a procesos de consulta con las comunidades involucradas y quede bajo la supervisión de un organismo científico independiente encargado de vigilar aspectos como la disponibilidad de agua, la posible sismicidad inducida y otros impactos ambientales durante todas las etapas de desarrollo.