La decisión fue tomada por el juez Mario Elizondo Martínez, luego de una audiencia que se prolongó por más de 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, a la que asistieron familiares de los normalistas desaparecidos y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR).
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FGR lo señala por ocultar pruebas del caso Ayotzinapa
La FGR acusa a Aguirre Rivero de los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia, al considerar que habría ordenado ocultar evidencia clave relacionada con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con la investigación, dos testigos protegidos declararon que el entonces gobernador instruyó destruir los discos que contenían las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, donde presuntamente quedaron registrados movimientos relacionados con la desaparición de los estudiantes.
Según los testimonios, la entonces visitadora del Poder Judicial de Guerrero, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, habría extraído los videos de las oficinas de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado para entregárselos al mandatario. La Fiscalía sostiene que dicho material mostraba el traslado de algunos normalistas por parte de elementos de seguridad y civiles armados.
La defensa impugnará la decisión
Durante la audiencia, la defensa del exgobernador presentó 31 datos de prueba con el propósito de desacreditar las acusaciones de la Fiscalía y demostrar que Aguirre Rivero no pudo haber recibido ni ordenado destruir los videos.
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El abogado Guillermo Barradas aseguró que existen elementos que acreditan que el 29 de septiembre de 2014 su cliente se encontraba en la Ciudad de México participando en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que rechazó la versión presentada por los testigos protegidos.
Asimismo, criticó que la Fiscalía intentara utilizar una geolocalización telefónica que, afirmó, no correspondía al exgobernador y anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución judicial.
También cuestionan otros testimonios
La defensa también desestimó la declaración de Sidronio Casarrubias Salgado, identificado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos, quien señaló que esa organización habría financiado la campaña política de Aguirre Rivero.
Los abogados argumentaron que ese testimonio carece de valor probatorio debido a que fue obtenido bajo tortura, una conclusión respaldada anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y considerada en resoluciones judiciales previas.
Pese a los argumentos presentados por la defensa, el juez concluyó que existen elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra el exmandatario.
La siguiente audiencia fue programada para diciembre, cuando se continuará con el desahogo de pruebas que determinarán la responsabilidad o no de Aguirre Rivero en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.
Mientras tanto, el exgobernador permanecerá sujeto a prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, donde enfrenta el proceso relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.