León, Gto.- El sector constructor inmobiliario de León señaló que ha habido omisiones de las autoridades correspondientes e intereses partidistas entorpeciendo el combate al desarrollo de asentamientos irregulares en la ciudad, donde incluso, pese a presentar las denuncias correspondientes por casos detectados en concreto, no se ha logrado ningún avance.
El presidente de la CONCAMIN Bajío, Ismael Plascencia Núñez compartió que él de forma personal denunció ante la Fiscalía estatal las primeras ventas de terrenos irregulares en la zona del Tajo a Santa Ana cerca de la carretera a Aguascalientes, desde hace tres años, y además de que no hubo ninguna intervención para frenarlo, hay otro asentamiento irregular en curso.
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“En una tierra que es de su servidor, pegadito se desarrolla un irregular, pusimos la denuncia y después pregunté y nada. Hablé con el procurador y me dice que nadie le ha dado seguimiento. Si hice la denuncia como la pidieron ¿Qué pasó? Nada, y ahí sigue. Eso se los hemos dicho reiteradamente a muchas autoridades, y no solo ahí sigue, lo vendieron así y a 500 metros ya hay otro” , dijo al respecto.
A través de la Cámara de la Industria de la Vivienda en Guanajuato (CANADEVI) el sector empresarial inmobiliario ha presentado propuestas ante el municipio de León para revertir la tendencia, mediante la autorización de construir fraccionamientos en zonas aún no urbanizadas donde ya se construyen asentamientos irregulares, a través del esquema de vivienda progresiva, donde encontraron negativas por temor a enfrentarse a responsabilidades administrativas.
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“Todos te dicen que sí, pero nos atoramos con que Contraloría los tiene muy revisados, y eso nos detiene bastante. Y también hemos visto que existen intereses de diferentes partidos en los municipios, y eso también atora. Los intereses particulares afectan el interés general de la sociedad”, señaló la presidenta de la CANADEVI, Carmen Hernández Duarte, quien añadió que irónicamente, tener que regularizar esos asentamientos termina costando el doble al pagar derechos de expropiación al propietario de las tierras, y la introducción de los servicios básicos.