Guanajuato, Guanajuato.- Este viernes 4 de septiembre, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó un nuevo protocolo para la atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia política en razón de género, así como el protocolo para el análisis de riesgo y el otorgamiento de medidas de protección en casos de violencia política en razón de género contra las mujeres.
La creación de estos nuevos protocolos, según explicó la presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz, busca la armonización con las disposiciones federales en materia de atención a víctimas de violencia de género.
Sin embargo, aunque dijo apoyar la causa, la consejera Blanca Aboytes votó en contra del proyecto debido a que, según explicó, en 2025 el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato invirtió recursos en la contratación de personal y la elaboración de un protocolo para la atención de mujeres víctimas de violencia de género, mismo que jamás se presentó ante el Consejo General, y ahora se estaba presentando otro protocolo creado en 2026, para el cual se invirtió más dinero.
“Ahora se nos presenta un protocolo que fue elaborado este año, distinto al protocolo que se había aprobado en la Comisión de Quejas, por el cual también hubo una erogación, y una considerable erogación… Desde mi perspectiva, estaría inobservando los principios de objetividad, de imparcialidad y de certeza, porque ya contábamos con un protocolo de atención y un manual para la atención, cuya elaboración estuvo a cargo de un grupo multidisciplinario contratado con recursos públicos”, recriminó.
La consejera Blanca Aboytes, quien desde el principio de la sesión pidió que el punto se retirara de la orden del día, petición que no fue apoyada por la mayoría del Consejo, criticó además que para la elaboración de este nuevo protocolo se contrató a un hombre, lo que, dijo, parece incongruente.
“Contratamos a un hombre para elaborar un protocolo dirigido a mujeres. Esto me parece que es incongruente con la lucha de algunas consejerías en pro de los derechos de las mujeres”, y denunció, además, que la persona contratada para desarrollar el nuevo protocolo tenía filiaciones partidistas. Se contrata a una persona que era representante legal de una asociación que empezó desde 2025 un proceso de constitución de partido político y que ahora lo es”, dijo.
Al final, la consejera pidió que se realizara una investigación más profunda respecto de los hechos que denunció; sin embargo, su denuncia y reservas sobre el acuerdo fueron ignoradas tanto por la presidenta, Brenda Canchola Elizarraraz, como por la mayoría de sus compañeros consejeros, quienes aprobaron por mayoría de votos el nuevo protocolo sin siquiera dignarse a darle una respuesta. Solo el consejero Gustavo Hernández la apoyó votando en contra del acuerdo.
