El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las personas detenidas son investigadas por su presunta relación con una estructura criminal dedicada a delitos como robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
Entre los detenidos también se encuentra Abigail “N”, quien se desempeñó como directora de Seguridad Pública Municipal de Esperanza.
De acuerdo con las autoridades, las investigaciones derivaron en un operativo simultáneo en el que se ejecutaron 23 órdenes de cateo en el municipio.
El Gobierno de Puebla confirmó que en estas acciones fueron aseguradas 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores, vehículos y equipo táctico.
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¿Qué aseguraron durante los cateos en Esperanza?
Las autoridades federales y estatales desplegaron los cateos después de obtener órdenes judiciales relacionadas con investigaciones por robo de transporte de carga, extorsión y secuestro.
Entre los objetos asegurados se encuentran:
- 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett.
- 52 cargadores.
- 11 vehículos, cuatro de ellos con blindaje.
Un vehículo con blindaje artesanal y torreta.
- Ropa táctica.
- Un dron.
- Un inhibidor de señal.
El aseguramiento forma parte de las investigaciones contra la estructura que, según las autoridades, estaría relacionada con delitos cometidos en la zona de la carretera Puebla-Veracruz.
La información oficial señala que las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica.
También detienen al alcalde de Tepeyahualco
El despliegue de seguridad en Puebla también alcanzó al municipio de Tepeyahualco.
García Harfuch informó sobre la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de esa localidad, por su probable responsabilidad en delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
De acuerdo con el Gobierno de Puebla, esta detención ocurrió antes del operativo realizado en Esperanza y forma parte de las acciones contra posibles redes de protección vinculadas con actividades delictivas.
La captura de ambos alcaldes ocurre en un contexto de investigaciones dirigidas contra posibles vínculos entre estructuras criminales y autoridades locales. No obstante, las acusaciones deberán ser acreditadas ante las instancias judiciales correspondientes.
¿Qué es el Operativo Enjambre?
El Operativo Enjambre es una estrategia de seguridad enfocada en investigar y desarticular posibles redes de protección institucional para grupos criminales.
El esquema contempla acciones coordinadas entre distintas instituciones de seguridad y procuración de justicia, con la ejecución simultánea de órdenes de cateo y aprehensión contra personas consideradas objetivos de las investigaciones.
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La estrategia busca identificar no solamente a integrantes de organizaciones delictivas, sino también posibles redes de colaboración dentro de instituciones públicas.
En Puebla, el despliegue más reciente involucró a autoridades federales y estatales. El Gobierno estatal señaló que la operación representa una acción contra posibles redes de protección de organizaciones criminales y contra delitos como el robo de vehículos y de transporte de carga, así como la extorsión.
Robo de transporte, uno de los focos de seguridad en Puebla
La zona de Esperanza y el tramo Amozoc-Esperanza se encuentra entre los puntos donde las autoridades han concentrado acciones contra el robo de transporte de carga.
En agosto, el Gobierno de Puebla informó que el robo a transporte de carga en el tramo Amozoc-Esperanza había disminuido respecto de años anteriores: reportó 184 casos en 2026, frente a 672 en 2024 y 632 en 2025.
La nueva operación ocurre mientras las autoridades mantienen investigaciones y despliegues para reducir los delitos que afectan a transportistas y automovilistas que utilizan esta vía.
¿Qué sigue para los alcaldes detenidos?
Tras las detenciones, corresponderá al Ministerio Público presentar ante un juez los elementos de prueba que sustentan las acusaciones y solicitar, en su caso, las medidas cautelares correspondientes.
La detención no implica por sí misma una sentencia ni acredita la responsabilidad penal de los funcionarios. Será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso y, posteriormente, si se acredita su responsabilidad por los delitos que se les imputen.
El Gobierno de Puebla, por su parte, respaldó el operativo y aseguró que mantendrá la coordinación con las instituciones federales para investigar cualquier posible vínculo de servidores públicos con organizaciones criminales.