Guanajuato, Guanajuato.- Representantes de las asociaciones de hoteles y moteles de Guanajuato respaldaron en el Congreso local la iniciativa para prevenir la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en servicios de hospedaje, pero señalaron que la legislación tendrá una eficacia limitada si no regula a plataformas virtuales como Airbnb, las cuales concentran más del 50 por ciento de la oferta sin supervisión presencial ni verificación de identidad.
Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Turismo, empresarios hoteleros y especialistas coincidieron en la necesidad de combatir la trata de menores, aunque advirtieron que imponer candados únicamente a los establecimientos formales deja desprotegidos a los usuarios de las aplicaciones de renta de estancias cortas. Asimismo, solicitaron que la ley no sobrecargue al personal de recepción, convirtiéndolo en “un perito o policía”, y plantearon que su labor se limite a registrar y notificar anomalías ante la Fiscalía General del Estado o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de evitar confrontaciones o que una negativa de alojamiento desplace a las personas hacia moteles clandestinos.
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En la reunión, la diputada morenista Maribel Aguilar González defendió la obligatoriedad de solicitar documentos de parentesco a los huéspedes, al sostener que “no es una medida ajena ni lesiva”, comparándola con las revisiones que operan con normalidad en aeropuertos y terminales de autobuses. Al respecto, la presidenta de la comisión, la morenista Miriam Reyes Carmona, se comprometió a que el dictamen final buscará conciliar las necesidades operativas de los hoteleros con la protección a los menores. Para ello, acordaron revisar la inclusión de plataformas virtuales y protocolos de capacitación antes de someter el proyecto a votación.
En una mesa de trabajo por separado, la comisión analizó la propuesta del PAN para que la Secretaría de Turismo promueva las fiestas, monumentos y tradiciones con declaratoria oficial en Guanajuato. En este tema, el especialista del Instituto de Investigaciones Legislativas, Emanuel Villafaña Ramírez, advirtió que dar facultades a la Secretaría de Turismo e Identidad sobre el patrimonio, sin fijar reglas de colaboración con la recién creada Secretaría de Cultura, representa un vacío que “podría generar duplicidad o dispersión competencial”. A su vez, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos, Guillermo Aguirre Fonseca, demandó que la promoción turística no se concentre solo en los polos comerciales de siempre e incluya a “las comunidades rurales y a las expresiones culturales con menor presencia en los circuitos turísticos”.
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Los trabajos concluyeron con la instrucción de la presidencia de la comisión a la secretaría técnica para corregir las inconsistencias normativas y armonizar las facultades de ambas secretarías estatales antes de elaborar los dictámenes correspondientes.
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