La iniciativa fue publicada en la plataforma Change.org el 26 de agosto y plantea que el legislador solicite licencia para que las investigaciones puedan desarrollarse sin la protección asociada a su cargo. De acuerdo con información publicada sobre la petición, inicialmente reunió cientos de firmas y posteriormente Pérez Morales continuó promoviendo la iniciativa públicamente.
La también expresidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción explicó que el objetivo es que Inzunza se separe del Senado y enfrente los señalamientos sin fuero.
“Lo que pedimos es que se separe del Senado, que se separe de su cargo, para que afronte las acusaciones sin fuero”, señaló Pérez Morales.
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La petición ocurre en medio de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con acusaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios sinaloenses y Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
¿Por qué piden que Enrique Inzunza deje el Senado?
El reclamo de Pérez Morales está relacionado con los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses contra Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Una acusación presentada en Estados Unidos sostiene que Inzunza habría participado en reuniones con integrantes de Los Chapitos cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya.
De acuerdo con el documento estadounidense, las reuniones habrían estado relacionadas con acuerdos políticos y presuntos mecanismos de protección para las actividades del grupo criminal. Estos señalamientos corresponden a acusaciones de autoridades de Estados Unidos y no constituyen por sí mismos una sentencia contra Inzunza.
El senador ha rechazado los señalamientos y ha defendido públicamente su actuación.
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Enrique Inzunza ya declaró ante la FGR
En mayo de 2026, Enrique Inzunza acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Culiacán para declarar en relación con la investigación derivada de las acusaciones estadounidenses.
El senador acudió sin acompañamiento jurídico externo y afirmó que asumiría personalmente su defensa. También sostuvo que atendería los requerimientos de las autoridades mexicanas.
La comparecencia formó parte de una serie de diligencias en las que también participaron Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos.
La FGR abrió una investigación para determinar si existen elementos que sustenten los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses.
¿Qué acusa Estados Unidos a Enrique Inzunza?
Los señalamientos estadounidenses ubican a Inzunza dentro de una supuesta red de relaciones entre funcionarios sinaloenses y Los Chapitos.
Según la acusación citada por medios mexicanos, una de las reuniones habría ocurrido después de la elección de 2021 en Sinaloa, cuando Rubén Rocha Moya resultó ganador.
El documento sostiene que en ese encuentro se habría hablado sobre el apoyo proporcionado durante el proceso electoral y sobre presuntos acuerdos relacionados con el control de corporaciones de seguridad para favorecer las operaciones de tráfico de drogas.
La acusación también atribuye a Inzunza un papel de enlace entre integrantes de Los Chapitos y funcionarios del gobierno estatal.
Estas afirmaciones forman parte de la acusación estadounidense y deben distinguirse de hechos judicialmente acreditados.
¿Enrique Inzunza se ha negado a pedir licencia?
El senador ha mantenido su posición de continuar en el cargo mientras atiende los señalamientos.
Antes de acudir a la FGR, Inzunza afirmó que no utilizaría su fuero para evitar presentarse ante las autoridades y aseguró que respondería personalmente al citatorio.
La permanencia de Inzunza en el Senado es precisamente uno de los argumentos centrales de la petición impulsada por Vania Pérez Morales, quien plantea que el legislador se separe del cargo mientras avanzan las investigaciones.
La discusión, por tanto, no se limita a los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Los Chapitos, sino que también involucra el debate sobre el alcance del fuero constitucional y la responsabilidad de un servidor público frente a una investigación.