La Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cruzarán información financiera y de fiscalización para detectar estructuras y redes vinculadas con el uso irregular de recursos públicos, hechos de corrupción y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
Ambas instituciones suscribieron un Convenio de Colaboración que permitirá compartir y analizar información financiera, patrimonial, fiscal, presupuestaria, contable, administrativa y societaria, así como desarrollar mecanismos conjuntos de análisis e inteligencia mediante herramientas tecnológicas y bases de datos.
La colaboración busca aprovechar las capacidades institucionales y tecnológicas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la ASF para generar productos de inteligencia, modelos de riesgo, tipologías y mecanismos de análisis conjunto que permitan detectar conductas ilícitas relacionadas con recursos públicos.
¿Cómo colaborarán Hacienda y ASF para combatir la corrupción?
Como parte del convenio, la ASF podrá proporcionar a la UIF información obtenida durante sus procesos de fiscalización y la derivada de sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos.
A su vez, la UIF podrá entregar a la ASF productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que resulten útiles para las atribuciones de fiscalización, conforme a la normativa aplicable.
El acuerdo también contempla la creación de un Grupo de Trabajo que coordinará, ejecutará, evaluará y dará seguimiento técnico a las acciones, además de elaborar productos de inteligencia y análisis operativo, indicadores, alertas, guías, mejores prácticas y tipologías.
El nuevo instrumento da continuidad a la colaboración entre ambas instituciones establecida desde febrero de 2024 y amplía los mecanismos para utilizar de manera estratégica la información disponible.
Con estas acciones, la UIF y la ASF buscan fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y detectar conductas ilícitas y proteger los recursos públicos.
También pretenden reforzar el combate a la corrupción y a las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en línea con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).