PAN y Morena chocan por migrantes y frenan iniciativa sobre gratuidad de la UG

Guanajuato, Gto.- Confrontaciones entre PAN y Morena, iniciativas que fueron frenadas y reformas que avanzaron marcaron la actividad del este martes, donde también se aprobaron consultas a niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

Se confrontan PAN y Morena por migrantes

El debate sobre la protección a los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos confrontó a PAN y Morena en el Congreso local. Mientras Ernesto Millán Soberanes acusó al Gobierno del Estado de regatear presupuesto y abandonar a los deportados, Yesenia Rojas Cervantes denunció desatención consular y falta de abogados para evitar expulsiones.

Primero, en sesión de la Comisión de Atención a las Personas Migrantes, los diputados aprobaron solicitar información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la situación de los connacionales, fijando un plazo de 20 días hábiles para que la dependencia federal responda antes de dictaminar.

Entre los acuerdos del día estuvieron reformas constitucionales, consultas a grupos prioritarios y el avance de cambios en simplificación de trámites.

Al terminar la comisión, los legisladores abrieron una mesa de trabajo para revisar cuatro propuestas de punto de acuerdo. Ahí surgió el choque directo sobre a qué gobierno le toca actuar y poner los recursos económicos frente al incremento de redadas.

Millán Soberanes sostuvo que el PAN solo busca golpear al gobierno federal e invisibiliza las omisiones en Guanajuato, como haber degradado la Secretaría del Migrante a subsecretaría con apenas 43 millones de pesos de presupuesto. Para dimensionar el problema, citó datos publicados por Periódico Correo: “Estados Unidos deporta al día a 37 migrantes guanajuatenses, un promedio de 1.5 cada hora, según los registros de la Unidad de Política Migratoria”.

El morenista criticó que el programa estatal Migrante Quiero carece de partida presupuestal directa y contrastó esa falta de recursos con los dos millones de pesos diarios que el Estado gasta en comunicación o los 200 millones para la Feria de León. Remató señalando que “con una mano critican por encimita las acciones de Estados Unidos y con la otra ondean la bandera norteamericana desde el Congreso“.

En respuesta, la presidenta de la comisión, Yesenia Rojas Cervantes, defendió que la Cancillería debe contratar abogados litigantes en los consulados y acusó que el personal actual suele orillar a los paisanos a firmar su deportación voluntaria. Relató que repatriar el cuerpo de un fallecido cuesta a las familias hasta 15 mil dólares sin apoyo institucional suficiente, por lo que urgió a intervenir ante la ONU por los operativos del ICE.

Tras el enfrentamiento, ambas fuerzas coincidieron en que el problema exige la participación de la Federación, el Estado y los 46 municipios. Al cierre de la mesa, acordaron que los asesores fusionen las cuatro iniciativas en un solo dictamen que contemple la defensa legal en territorio estadounidense y recursos locales para los repatriados.

Frenan iniciativa de gratuidad en UG

Por otro lado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso frenó de golpe la iniciativa de la diputada Hades Aguilar Castillo (Morena) que buscaba obligar a la gratuidad en la Universidad de Guanajuato (UG). A propuesta de la diputada Susana Bermúdez Cano (PAN), la mayoría canceló la mesa de trabajo que ya estaba programada y ordenó elaborar un dictamen en sentido negativo para desecharla; el presidente de la comisión, Juan Carlos Romero Hicks (PAN), argumentó que la morenista no realizó la consulta previa a la comunidad universitaria, mientras que la diputada Rocío Cervantes Barba (PRI) votó en contra de anular la mesa alegando respeto al trámite legislativo.

En materia judicial, los diputados modificaron la Constitución local para aplazar la elección por voto popular de jueces y magistrados hasta el año 2028, además de acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado David Martínez Mendizábal (Morena) expuso que se elimina el retiro forzoso de juzgadores a los 75 años, se reduce el requisito de residencia de cinco a un año y se le retira al Supremo Tribunal la facultad de revisar los castigos del Tribunal de Disciplina Judicial; Susana Bermúdez Cano (PAN) reconoció que se trata de “parches necesarios” ordenados por la Corte, pero advirtió que la selección de candidaturas por comités generará “sospechosismo”.

Por otro lado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso frenó de golpe la iniciativa de la diputada Hades Aguilar Castillo (Morena) que buscaba obligar a la gratuidad en la Universidad de Guanajuato.

La comisión también desechó la iniciativa del diputado Rodrigo González Zaragoza (MC) para desaparecer la Fiscalía General del Estado y sustituirla por una Secretaría de Justicia, y mandó al archivo la propuesta para que la Procuraduría de los Derechos Humanos (Prodheg) investigara a particulares. En contraste, dentro del paquete de reformas constitucionales promovido por diputados de Morena, PAN y PVEM, se aprobó incorporar la extorsión al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa y elevar la educación ambiental a rango constitucional, promovida por la diputada María Isabel Ortiz Mantilla (PAN) y el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero.

Por último, se dictaminó a favor la iniciativa de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo (PAN) para desaparecer la Ley de Mejora Regulatoria y crear la Autoridad Estatal de Simplificación y Digitalización de trámites, respaldada por la diputada María Eugenia García Oliveros (Morena). Asimismo, se modificó la Ley de Planeación a propuesta de David Martínez Mendizábal (Morena) para obligar al Iplaneg a medir y evaluar la pobreza, con aportaciones de las diputadas Plácida Calzada Velázquez (Morena) y Susana Bermúdez Cano (PAN) sobre igualdad sustantiva y comunidades indígenas. Durante la sesión también se radicó la propuesta de Sergio Alejandro Contreras Guerrero para abrir las leyes a referéndum ciudadano, se aprobaron consultas a infancias y personas con discapacidad, se declaró la caducidad extemporánea de un proyecto de Movimiento Ciudadano y se otorgó prórroga a una iniciativa del PAN para priorizar temas del agua en el Poder Legislativo.

Lanzan convocatoria

Mientras que la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso aprobó la convocatoria para consultar a personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, con el fin de recabar sus propuestas para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato y la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia.

El mecanismo de participación, avalado por el órgano legislativo presidido por la diputada panista Susana Bermúdez Cano, involucrará a familiares, cuidadores y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de estos sectores. El objetivo de las reformas busca incorporar principios de igualdad sustantiva, el uso de lenguaje incluyente y nuevos esquemas para erradicar las violencias de género en el marco normativo estatal.

Durante la sesión de trabajo participaron las legisladoras de Acción Nacional, Yesenia Rojas Cervantes y Ana María Esquivel Arrona; la diputada de Morena, Maribel Aguilar González; y la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, quienes avalaron los términos y las etapas bajo las cuales se desplegará el proceso consultivo en la entidad.