Villagrán, Guanajuato.- La apertura del bar “La Taberna”, ubicado en la calle 5 de Febrero, provocó un enfrentamiento público entre la presidenta municipal, Cintia Teniente, y Jesús Eduardo Alanís Mosqueda, ex presidente municipal de Villagrán y actual tesorero municipal de Juventino Rosas, luego de que ambos difundieran videos en redes sociales para exponer sus respectivas versiones sobre los permisos y la operación del establecimiento.
El conflicto comenzó con un video publicado por la alcaldesa, quien señaló que “La Taberna” abrió sus puertas el pasado 19 de septiembre sin contar, según la revisión realizada, con la totalidad de los permisos necesarios para operar.
Teniente también aseguró que el 20 de septiembre recibió una queja respaldada por 30 vecinas y vecinos de la zona, quienes manifestaron afectaciones a su descanso, tranquilidad y seguridad tras la apertura del establecimiento.
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La presidenta municipal cuestionó, además, que el negocio hubiera iniciado actividades mientras su situación administrativa no estaba concluida y afirmó que Alanís Mosqueda habría ejercido presiones hacia personal municipal para obtener las autorizaciones.
Ante estos señalamientos, la alcaldesa pidió al propietario cerrar voluntariamente el establecimiento y advirtió que el Ayuntamiento no permitirá que se ejerzan presiones o intimidaciones contra sus trabajadores.
“Esto no es un asunto político ni una persecución personal”, sostuvo Teniente, quien señaló que Alanís debe recibir el mismo trato que cualquier ciudadano y cumplir con todos los requisitos establecidos para este tipo de establecimientos.
La respuesta del propietario llegó mediante otro video difundido en redes sociales, en el que Alanís Mosqueda rechazó los señalamientos y afirmó que la presidenta municipal o su equipo cercano no le habrían informado correctamente sobre el proceso que, aseguró, comenzó desde semanas antes de la apertura.
El exfuncionario reconoció ser propietario de “La Taberna”, ubicada en el número 131 de la calle 5 de Febrero, pero negó haber amenazado o presionado a funcionarios municipales para obtener los permisos.
Incluso señaló que, si alguna persona utilizó su nombre o número telefónico para realizar llamadas al personal del Ayuntamiento, debe investigarse y determinarse quién fue responsable.
“Yo no me conduzco de esa manera, jamás lo haría”, afirmó.
Alanís explicó que el pasado 4 de agosto acudió al área de Desarrollo Urbano, acompañado por Omar Gerardo Ángeles Garnica, para solicitar información sobre los requisitos necesarios para la expedición del número oficial del inmueble.
De acuerdo con su versión, el 13 de agosto fueron recibidos los documentos solicitados y posteriormente también atendió requerimientos relacionados con Fiscalización.
Como parte del procedimiento, aseguró haber presentado firmas de vecinos que manifestaron su consentimiento para la operación del establecimiento, entre ellas cinco correspondientes a personas colindantes con el bar.
Alanís sostuvo, además, que la solicitud relacionada con el uso de suelo y la constancia de factibilidad para “La Taberna” fue aprobada, por lo que consideró que las declaraciones de la alcaldesa no corresponden con el proceso que ha seguido ante las diferentes áreas municipales.
El propietario también recordó que anteriormente ha mantenido reuniones y conversaciones con la presidenta municipal y afirmó que existe un trato de respeto entre ambos, por lo que lamentó que el tema haya llegado a una confrontación pública.
Uno de los principales puntos de desacuerdo entre ambas partes es, precisamente, el alcance de la documentación con la que cuenta el establecimiento.
Mientras la presidenta municipal sostiene que “La Taberna” no cuenta todavía con todas las autorizaciones necesarias para funcionar, Alanís afirma que ha cumplido con los trámites que le fueron solicitados y que cuenta con documentación emitida durante el proceso administrativo.
A esto se suma la inconformidad de los vecinos.
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La administración municipal sostiene que existe una queja formal firmada por 30 habitantes de la zona, mientras que Alanís refiere haber presentado previamente firmas de vecinos que dieron su consentimiento para la instalación del negocio.
Por ahora, ambas partes mantienen versiones distintas sobre si el negocio contaba con las condiciones necesarias para iniciar operaciones y sobre la manera en que se ha desarrollado el trámite ante las autoridades municipales.
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