Celaya, Guanajuato.- Un nuevo embargo precautorio, derivado de la demanda de un extrabajador que alega incumplimiento de pago correspondiente a 2022, llegó al Gobierno municipal de Celaya.
El alcalde Juan Miguel Ramírez defendió que el caso corresponde a 2022, antes de que él asumiera el cargo, y resaltó que al inicio de su administración recibieron adeudos acumulados por alrededor de 100 millones de pesos, correspondientes a pagos pendientes a extrabajadores que exigen una liquidación por sus años de servicio y diversas prestaciones.
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“Esa es una problemática del 22, no nos corresponde, no es el problema que tenemos nosotros”, expresó el presidente municipal, al recalcar que se busca defender los derechos laborales, pero bajo un sustento legal claro.
Ramírez Sánchez aseguró que, a la fecha, no ha recibido las sentencias de las demandas laborales interpuestas por los 200 jubilados y pensionados que protestaron durante dos meses y medio en el patio de la Presidencia Municipal el año pasado.
Además, reiteró, como lo aseguró durante la protesta, que el municipio no pagará a los jubilados y pensionados conceptos que por ley no les corresponden.
“Nosotros estamos para defender los derechos de los trabajadores. Los jubilados son trabajadores, pero resulta que sin un marco jurídico les pagaban una serie de recursos económicos y lo único que nosotros queremos es que el marco jurídico nos permita, si bien es pagando o no, como se le venía pagando”, afirmó.
El mandatario indicó que los adeudos globales ascienden a cerca de 100 millones de pesos heredados de pasadas administraciones, donde los pagos se hacían sin normatividad, pero sí con la complacencia de gobiernos anteriores.
“Como eran del mismo partido, el Estado y el municipio, pues se hacían de la vista gorda. Hoy que no somos iguales, luego luego nos estaban ya cuestionando ese pago”.
En cuanto a los casos de la actual administración y los nuevos jubilados, el alcalde fue enfático al señalar que no se pagará ni se resolverá ninguna solicitud hasta que se aclare jurídicamente su situación y exista un mandato judicial. Esto, debido a que algunos exigen el pago de prestaciones que solo se entregan a los trabajadores en activo.
“Algunos están esperando la resolución, que digan que sí tienen derechos y nosotros los damos, pero queremos que nos mandate un juez porque ahorita, como están, no hay un marco jurídico”, señaló.
Ramírez Sánchez reiteró que se cuenta con el presupuesto destinado a las pensiones y jubilaciones anuales, pero se requiere certidumbre legal para evitar violaciones a la ley.
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“Si a nosotros nos mandata el juez a que les paguemos como ellos quieren, nosotros les pagaremos como ellos quieren. Tenemos un dinero guardado, etcétera, pero nosotros no podemos violentar la ley y pagarles unos recursos que no tienen marco jurídico para pagarse y así se venía haciendo… No nos hemos gastado ni un quinto. Si nos mandatan a que les paguemos, les pagaremos todo rápidamente. Porque nosotros no queremos quitarles sus derechos, es regularizar sus derechos, hacer que realmente ellos sepan cuáles son sus derechos y los protejan de otra forma”, aseveró.
Respecto a las investigaciones solicitadas a la Contraloría para determinar la responsabilidad de dos funcionarios de la Oficialía Mayor que, por omisión, no respondieron las demandas laborales y, por tanto, las perdieron, lo que derivó en un embargo previo, el presidente reconoció que los procedimientos son lentos y que aún no hay alguna resolución.
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