Durante su conferencia matutina de este 30 de septiembre en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el Gobierno mexicano solicitará información sobre las razones por las que fue retirada la alerta y adelantó que buscará que la ficha roja sea restablecida.
Sheinbaum calificó a Gómez Mont y Álvarez Puga como “factureros reconocidos” y afirmó que existen elementos relacionados con el presunto uso de facturas falsas para facilitar operaciones destinadas a evadir el pago de impuestos.
“Me comentaron hoy en la mañana que le quitaron la ficha roja a Gómez Mont y Álvarez Puga, factureros reconocidos con orden de aprehensión en México”, señaló la Presidenta.
La mandataria agregó que el Gobierno federal apenas comenzará a solicitar información sobre la decisión de Interpol.
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México pedirá recuperar la ficha roja de Inés Gómez Mont
Sheinbaum sostuvo que las órdenes de aprehensión que existen en México deben ser consideradas en caso de que la pareja se encuentre en otro país.
“Vamos a solicitar que se recupere la ficha roja, porque si van a otro país, pues tiene que hacerse con la orden de aprehensión”, afirmó.
La decisión de Interpol no significa por sí misma que las órdenes de aprehensión mexicanas hayan quedado anuladas. El retiro de la alerta internacional y la situación jurídica de los señalados son procedimientos distintos.
La pareja es buscada por autoridades mexicanas desde 2021, cuando la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión relacionadas con acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales, entre otros señalamientos.
¿De qué se acusa a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga?
Las investigaciones de las autoridades mexicanas han relacionado a la pareja con un esquema de facturación falsa y presunto lavado de dinero.
En el caso de Álvarez Puga, las autoridades también lo han relacionado con acusaciones por peculado. Los señalamientos se vinculan con operaciones que, de acuerdo con las investigaciones citadas por distintos reportes, habrían permitido desviar recursos mediante empresas utilizadas para emitir facturas por servicios que las autoridades consideran irregulares.
La situación jurídica de ambos debe distinguirse de las declaraciones políticas realizadas sobre el caso: los señalamientos forman parte de investigaciones y órdenes judiciales, mientras que corresponde a las autoridades competentes determinar responsabilidades mediante los procedimientos correspondientes.
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Sheinbaum pide reciprocidad a Estados Unidos por caso Ayotzinapa
Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum también se refirió al caso Ayotzinapa y a la situación de José Ulises Bernabé García, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014.
La Presidenta informó que su Gobierno continúa solicitando a Estados Unidos que retire el asilo concedido a Bernabé García y avance su extradición a México.
De acuerdo con la postura expresada por Sheinbaum, el exfuncionario habría declarado que los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa no estuvieron en las instalaciones de Barandilla, afirmación que el Gobierno mexicano considera falsa.
La mandataria sostuvo que México mantiene su petición ante las autoridades estadounidenses porque considera que existe un interés de cooperación bilateral en materia de justicia.
“Nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”, afirmó.
México insiste en la extradición de Ulises Bernabé
El caso de Ulises Bernabé García forma parte de las solicitudes de México relacionadas con la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Sheinbaum planteó que la cooperación judicial entre México y Estados Unidos debe funcionar en ambas direcciones. Mientras México ha atendido solicitudes estadounidenses en materia de extradición, su Gobierno busca que Washington atienda las peticiones mexicanas relacionadas con personas requeridas por la justicia.
La solicitud de extradición de Bernabé García está vinculada con las investigaciones sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando desaparecieron los estudiantes normalistas.