Guanajuato, Guanajuato.- Y el contador llegó a cero con el aborto todavía castigado como delito en Guanajuato. A las doce de la noche de este 30 de septiembre, la mayoría en el Congreso del Estado concluyó el plazo legal ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin someter a votación ninguna de las tres iniciativas acumuladas en comisiones. El momento no llegó y la entidad perdió la oportunidad de “hacer historia”.
Fueron noventa días hábiles los que la Corte federal otorgó a los legisladores locales para eliminar el delito del Código Penal y dejar de criminalizar a las mujeres. Aquel calendario arrancó el 16 de febrero, se detuvo en el día 85 el pasado 30 de junio con el inicio del receso parlamentario y reactivó sus últimos cinco días apenas el 25 de septiembre, para concluir este miércoles al filo de la medianoche sin que el tema fuera subido al pleno.
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Aquel contador con números naranjas fue instalado en el recinto por la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, como una cuenta regresiva sobre el término judicial. En entrevista con este medio, el pasado 7 de septiembre, la legisladora emecista expuso:
“El contador se quedó en cinco desde junio que terminamos el periodo ordinario de sesiones y se reanuda ahorita el 25 de septiembre para que termine el conteo de los últimos cinco días que faltan. Ya pasaron dos meses y, a diferencia de muchas otras iniciativas que se dictaminan muy rápido, de la despenalización todavía no hay un dictamen, lo cual me parece vergonzoso para este Congreso. Estuvieron haciendo muchas jugadas para obstaculizar el proceso, para dilatarlo lo más posible, que ya se sabía que eso era lo que querían: que se cumpliera el plazo y que el Congreso se mantuviera omiso”, declaró Pedroza Orozco.
A ese posicionamiento se sumó en comisiones la diputada de Morena, Jenny Oliveros, quien planteó que el Legislativo debía resolver el tema en el ámbito local para evitar que la despenalización fuera definida de forma exclusiva por los tribunales federales, señalando que no se debía postergar el debate frente a la ciudadanía.
Por su parte, la bancada de Acción Nacional expuso sus motivos para no dictaminar las propuestas. La diputada panista por el Distrito 17, Luz Itzel Mendo González, reconoció el término de la fecha límite, pero argumentó que su voto responde a los municipios de Apaseo el Grande, Comonfort y Juventino Rosas:
“Hoy es el día cero. La realidad es que es un tema muy sensible, pero yo sigo siendo una ferviente luchadora de estar a favor de la vida. Creo que a ellos me debo: represento a ciudades con un alto valor de la familia, todavía un poco más conservadoras. A mí no se me ha acercado una persona con una postura distinta en mi distrito; las feministas de aquella zona no fueron a verme. Tengan la certeza sobre todas esas asociaciones y la gente provida que voy a estar ahí, al pie del cañón”, expuso Mendo González.
En tanto, la legisladora de Acción Nacional, Susana Bermúdez Cano, vocal de la Comisión de Justicia, argumentó que no se emitió dictamen porque las iniciativas presentadas por la oposición contenían aspectos que afectaban a las propias mujeres:
“Una cosa es que no coincida con mi voto en el sentido de quitar el tipo penal de aborto, pero en definitiva ninguna de las iniciativas como están se pueden aprobar. Incluso yo he puesto mucho de ejemplo una de ellas que criminaliza a las mujeres: a las doce semanas y un segundo ya se estaría persiguiendo este delito con pena privativa de la libertad. ¿Cuándo son las doce semanas exactas? Porque ya estás hablando de la privación de la libertad de una mujer. Yo hasta siento que pareciera un juego: nos citan a dar un sentido positivo a sabiendas de que nosotros por todas estas razones no lo vamos a aprobar. La gente con la que hemos platicado te dice: ‘No puede ser posible que alguien que ya tiene más de cinco o seis meses quiera quitarle la vida’. Nos han solicitado que seamos la voz de ellos y yo los representaré”, afirmó Bermúdez Cano.
Frente a estas declaraciones, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado de Morena Carlos Abraham Ramos Sotomayor, señaló que los argumentos técnicos fueron utilizados para evitar la discusión en el pleno:
“Eso es un mero pretexto político para precisamente ahora generar culpabilidad. Es muy evidente que lo que se hace en la Comisión de Justicia muchas veces se impone porque Acción Nacional tiene la mayoría de votos. El venir a decir hoy 30 de septiembre, cuando se vence el plazo del mandato de la Suprema Corte, que no se hizo de una manera correcta es decir que ‘mi mamá dijo que siempre no porque no queremos que se despenalice el aborto’. Nosotros como parte de la Comisión de Justicia lo presentamos dos veces en el orden del día y las dos veces Acción Nacional lo bajó. Las últimas dos sesiones donde se bajó la orden del día, los compañeros de Acción Nacional no se presentaron a la comisión. ¿Qué dicen hoy? Se lavan las manos como Poncio Pilato para decir ‘ahora le echamos la culpa a quien se deje’. Son mañas legislativas y patadas de ahogado. Cumplimos en tiempo y forma y les guste o no les guste a los diputados de Acción Nacional, esto será ley”, manifestó Ramos Sotomayor.
A este cruce de posturas se integró la diputada de Morena por representación indígena, Plácida Calzada Velázquez, quien abordó la relación entre las tradiciones comunitarias y los derechos humanos:
“Primero hay que manifestar que ninguna costumbre, tradición o sistema normativo puede estar por encima de los derechos humanos de todas las personas. En segunda, comentar que desde los pueblos y comunidades indígenas tenemos también ese derecho de hacerlos efectivos de manera plena. Hemos estado siempre a favor de la despenalización del aborto en sus primeras doce semanas porque lo consideramos un tema de salud pública. Más allá de que se haya manifestado como un tema polémico, es estar con las mujeres, y no nada más manifestarse a favor de un embarazo al que posteriormente no se le va a dar ningún acompañamiento”, puntualizó Calzada Velázquez.
Asimismo, el diputado de Morena y pediatra, Antonio Chaurand Sorzano, a quien integrantes de asociaciones provida dieron la espalda en tribuna y señalaron como “Doctor Muerte”, expuso que la iniciativa busca evitar sanciones penales:
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“Debo decir muy claro: no estamos promoviendo el aborto, ¡ojalá no hubiera abortos! Por eso es que estamos insistiendo mucho en la educación sexual y en la prevención. No es que estemos buscando que haya abortos, por supuesto que no, pero estamos a favor de no criminalizar a la mujer que tomó esa decisión. La sociedad y el gobierno deberíamos ofrecer todas las posibilidades para que la madre que desea continuar su embarazo pueda hacerlo en las mejores condiciones e incluso facilitar los procesos de adopción, pero independientemente de eso, hay mujeres que toman la determinación de no continuar con el embarazo. Aparte de esa situación compleja en su vida, ¿criminalizarlas todavía? Eso es lo que no nos parece que sea justo. La decisión final corresponde a la mujer”, declaró Chaurand Sorzano.
Con el contador en ceros y el delito vigente en el Código Penal del Estado, la definición en Guanajuato quedó transferida al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros procederán a emitir la declaratoria general de invalidez para expulsar directamente de la ley local los artículos que sancionan la interrupción del embarazo.
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