Dos ataques ocurridos en apenas dos días, en dos estados distintos de la República, deberían obligarnos a dejar de mirar la violencia protagonizada por adolescentes y jóvenes dentro de las escuelas como una sucesión de hechos aislados.
El 30 de septiembre, en Querétaro, un estudiante de 13 años atacó con dos cuchillos a cuatro compañeros dentro de la Secundaria General Esperanza Cabrera. Las víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica, y hasta ahora, las autoridades investigan las circunstancias y el posible móvil del ataque, incluida la hipótesis de que pudiera existir alguna relación con un reto viral. Al día siguiente, en Torreón, Coahuila, dos hermanos de 18 años, exalumnos de la Secundaria General Número 13, ingresaron al plantel armados con machetes y petardos, resultando en la muerte de la subdirectora y varias personas heridas. En este caso, la Fiscalía de Coahuila ha señalado inicialmente un resentimiento hacia la institución, mientras investiga también posibles vínculos de los agresores con comunidades digitales que exaltan a autores de ataques violentos ocurridos en otros países.
La proximidad temporal de ambos acontecimientos vuelve inevitable preguntarnos si nos encontramos frente a hechos excepcionales o ante una modalidad de violencia juvenil que comienza a adquirir características recurrentes, teniendo lo anterior mayor relevancia si observamos los antecedentes de dichas conductas. En enero de 2020, también en Torreón, un alumno de 11 años ingresó al Colegio Cervantes con dos armas de fuego disparando contra integrantes de la comunidad escolar donde una profesora murió y varias personas resultaron heridas; el menor posteriormente murió. Las investigaciones señalaron elementos que recordaban a los ataques escolares ocurridos en Estados Unidos, incluida la vestimenta asociada con el atacante de Columbine -trágico tiroteo escolar ocurrido el 20 de abril de 1999 en el instituto del mismo nombre en Colorado, Estados Unidos, donde dos atacantes privaron de la vida a 12 estudiantes y un profesor- evento que se ha convertido en un referente inmediato para otros atacantes; En enero de 2017, en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, un estudiante de secundaria disparó contra su maestra y compañeros antes de quitarse la vida. El caso también llamó la atención por la existencia de publicaciones previas en internet y por la influencia de comunidades digitales; En septiembre de 2025, el CCH Sur de la Ciudad de México colocó el problema en el centro de la discusión nacional cuando un estudiante de 19 años atacó con un arma blanca a un compañero, quien murió, e hirió también a un trabajador del plantel. Antes del ataque había realizado publicaciones en redes sociales mostrando armas y expresando mensajes de resentimiento. Las autoridades investigaron además sus posibles vínculos con comunidades virtuales asociadas con la llamada subcultura incel, en la cual, personas, en su mayoría hombres jóvenes, forman parte de una subcultura virtual que se autodefine como incapaz de conseguir una pareja romántica o sexual. A estos casos deben sumarse otros episodios recientes, como el ocurrido en 2024 en la Universidad Tecnológica de Guadalajara, donde un joven de 20 años, armado con un hacha y dos navajas asesinara a tres mujeres e hiriera a una persona más; as[i como el ataque registrado en marzo de 2026 en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un adolescente de 15 años agrediera con un arma de fuego a integrantes del personal docente.
El problema, entonces, no consiste únicamente en contar cuántos ataques han ocurrido, sino en comprender qué está cambiando en el entorno de determinados adolescentes y jóvenes para que algunos lleguen a considerar la violencia extrema como una posible forma de expresión, venganza, reconocimiento o pertenencia. En este contexto, el entorno digital se ha convertido en un espacio de radicalización, imitación y construcción de comunidades alrededor del odio.
Por ello, la decisión del Gobierno Federal de fortalecer las labores de inteligencia para identificar contenidos que inciten directamente a la violencia, y plantear obligaciones para las plataformas digitales, puede convertirse en un componente relevante de prevención. El gobierno ha anunciado una propuesta para obligar a las plataformas a retirar contenidos que promuevan o inciten actos violentos, además de establecer mecanismos de detección y monitoreo del entorno digital, aunque debe tenerse cuidado con ello, en el sentido de que retirar un contenido no significa eliminar la violencia que lo produjo. Una cuenta puede desaparecer y aparecer nuevamente con otro nombre, una publicación puede ser eliminada de una plataforma y reproducirse en otra, incluso tener en cuenta la existencia de espacios digitales cerrados, comunidades privadas, servicios cifrados o segmentos de la llamada dark web donde el control institucional resulta complejo y limitado.
Un adolescente que encuentra en internet una comunidad violenta no necesariamente se convierte en agresor, la exposición al contenido no constituye, por sí misma, una explicación suficiente, existiendo entre el contenido y el acto una compleja combinación de factores personales, familiares, sociales, escolares y culturales que deben atenderse. Por ello, reducir estos acontecimientos a jóvenes violentos es tan sencillo como insuficiente, e igualmente equivocado es también pensar que todo se resuelva retirando publicaciones de internet. La respuesta necesita inteligencia para identificar amenazas, plataformas responsables para detectar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia, escuelas capaces de detectar cambios de conducta y conflictos, familias capaces de procurar y acompañar, y adolescentes que encuentren espacios reales de pertenencia, diálogo y atención.
Torreón y Querétaro no necesariamente forman todavía una tendencia estadística. Las distancias geográficas y temporales entre estos casos y los anteriores son amplias, y las motivaciones no son idénticas; aunque la repetición de episodios protagonizados por adolescentes y jóvenes dentro de instituciones educativas sí justifica que dejemos de considerarlos exclusivamente como accidentes individuales. Tal vez la pregunta más importante no sea únicamente cómo impedir que un adolescente lleve un arma o un cuchillo a una escuela, sino que el contar con experiencias de violencia digital que requieren atención antes de que se conviertan en problemas mayores ayuden a contribuyan con el desarrollo de modelos de prevención y respuesta.
Y usted, ¿sabe cuántas señales estamos dejando pasar antes de que alguien decida convertir su frustración, su resentimiento o su necesidad de pertenencia en violencia?
Seguiremos atentos.