Guanajuato, Gto.- Para frenar la reincidencia delictiva provocada por la falta de oportunidades laborales, el diputado de Morena Antonio Chaurand Sorzano planteó reformas a la legislación estatal, a fin de crear un organismo pospenitenciario y un programa de trabajo comunitario remunerado para quienes concluyen sus condenas en los centros penitenciarios de Guanajuato.
El legislador celayense expuso que el requisito generalizado de presentar cartas de antecedentes penales en las empresas se ha convertido en una barrera que orilla a los recién liberados a volver a delinquir ante la imposibilidad de conseguir un ingreso formal: “Ayer presentamos una iniciativa que busca la creación de una organización estatal para atender la situación posterior al egreso de los centros penitenciarios. A todos lados les piden una carta de no antecedentes penales. Si no cuentan con opciones laborales, prácticamente los estamos impulsando a que vuelvan a delinquir”, sostuvo.
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El planteamiento toma como referencia el modelo aplicado en Jalisco, donde una instancia especializada funge como puente entre los egresados del sistema penitenciario, las empresas particulares y los gobiernos locales para ofrecerles labores de mantenimiento urbano, jardinería, rescate de espacios públicos y oficios aprendidos durante su reclusión.
A pregunta sobre las condiciones laborales de este esquema, el diputado confirmó que se busca que las actividades comunitarias no constituyan un castigo adicional, sino plazas debidamente pagadas por el Estado o los sectores contratantes.
Asimismo, precisó que la apertura laboral no sustituye ni debilita los esquemas legales de seguimiento policial o vigilancia de conducta a cargo de las corporaciones de seguridad pública, sino que complementa la reinserción social desde una vertiente productiva.
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