Juventino Rosas, Gto.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) emitió una recomendación al gobierno municipal de Juventino Rosas luego de que una servidora pública acusara a varios integrantes del Ayuntamiento de exhibirla, vulnerar su dignidad y destituirla de su cargo de manera pública.
De acuerdo con la quejosa, la destitución se hizo durante una sesión pública del Ayuntamiento en donde se encontraba el presidente interino Francisco Ibarra Mejía, la síndica Ruth Mendoza Gasca, además de los regidores Rey David Rodríguez Aguilar, Flor Conejo Herrera, Francisco Barrientos Vázquez, Ricardo Ruiz Aboytes, Nancy Paulina Guerrero Conejo, Verónica Labrada Andrade, Fernando Guerrero y Rosa María Rodríguez Lorenzana.
Durante esta sesión hicieron señalamientos públicos sobre su desempeño como servidora pública y se leyó un documento en el que le atribuyeron 14 acciones u omisiones en su desempeño, luego se votó y aprobó su destitución.
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¿Cuál fue la sentencia de la PRODHEG?
La PRODHEG acreditó la violación al derecho humano a la seguridad jurídica de la víctima, al determinar que:
- La destitución se realizó en sesión pública, cuando debió hacerse en sesión privada según el artículo 67 fracción III de la Ley Orgánica Municipal.
- No se sustanció previamente un procedimiento de responsabilidad administrativa ante la Contraloría Municipal, como lo exigen los artículos 124, 126 y 139 de la Ley Orgánica Municipal.
Por tanto, las personas integrantes del Ayuntamiento omitieron salvaguardar el derecho humano a la seguridad jurídica de la quejosa.
Además, se reconoció a la víctima el carácter de víctima directa, conforme a la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato, y se ordenó girar oficio a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para su ingreso al Registro Estatal de Víctimas.
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Ordenan reparación y disculpa pública
Como reparación se ordenó emitir una disculpa pública dirigida a la víctima, además la autoridad deberá conciliar con la víctima las formas y condiciones en que se formalizará la disculpa, evitando cualquier acto de revictimización.
El Ayuntamiento deberá informar a la PRODHEG si acepta la recomendación dentro de los 5 días hábiles siguientes a su notificación.
En caso de aceptarla, deberá aportar las pruebas de su debido y total cumplimiento dentro de los 15 días naturales posteriores.