De acuerdo con la dependencia, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial determinar que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal.
Además de ratificar la medida cautelar, el juez concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá profundizar en los hechos y reunir más elementos relacionados con el caso.
La imputación contra Solano Ruiz se relaciona con el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos. Los señalamientos forman parte de las indagatorias sobre una presunta estructura de contrabando de combustibles vinculada con integrantes y exintegrantes de la Secretaría de Marina.
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Miguel Ángel Solano Ruiz, identificado también con los alias de “MK” y “NK”, figura en las investigaciones federales como uno de los presuntos operadores de la red de huachicol fiscal atribuida a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán.
Según las indagatorias, Solano Ruiz habría servido como enlace entre los hermanos Farías Laguna y otros integrantes de la organización. Entre las actividades que se le atribuyen está el presunto reclutamiento de personal de la Secretaría de Marina, tanto en activo como retirado, para incorporarlo a las operaciones relacionadas con el contrabando de combustibles.
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Parte de esta información procede del testimonio de una persona protegida por las autoridades, quien señaló que el exmarino habría utilizado sus contactos dentro de la institución para facilitar la participación de otros elementos en las operaciones investigadas.
La Fiscalía también indaga si el presunto operador intervino en la colocación de personal en posiciones estratégicas de las aduanas marítimas de Tampico, Altamira, Ensenada y Guaymas. Estas instalaciones son relevantes para las investigaciones debido a su posible utilización en el ingreso irregular de combustibles al país.