El organismo recordó que el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Durante la movilización, elementos de la Policía Estatal utilizaron chorros de agua a presión y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro.
A través de sus redes sociales, la ONU-DH pidió esclarecer las circunstancias del operativo, determinar si existieron violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades correspondientes.
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ONU-DH recuerda los límites del uso de la fuerza
Como parte de su pronunciamiento, el organismo difundió el Manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público, elaborado por Naciones Unidas.
El documento establece que las autoridades deben privilegiar los medios no violentos cuando sea posible y recurrir a la fuerza únicamente cuando sea necesario para alcanzar un objetivo legítimo. También subraya la importancia de capacitar a los agentes, planear los operativos y contar con mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
Naciones Unidas advierte que el uso arbitrario o excesivo de la fuerza puede vulnerar derechos como la vida, la integridad física y mental, y la prohibición de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por ello, los posibles abusos deben investigarse mediante procedimientos que permitan identificar a los responsables y evitar la impunidad.
CNDH y Sheinbaum piden esclarecer las detenciones
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que atraerá la investigación sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante la protesta. Entre las denuncias que busca esclarecer se encuentran presuntas agresiones, detenciones arbitrarias, lesiones, malos tratos e incomunicación.
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Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió investigar las denuncias de tortura contra jóvenes detenidos durante la movilización. En su conferencia matutina del miércoles, sostuvo que estos hechos no pueden permitirse y solicitó esclarecer las circunstancias de los arrestos e identificar a los posibles responsables.
Las denuncias deberán ser examinadas para determinar si las actuaciones policiales se apegaron a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos.
La protesta reunió a miles de personas que exigían agua potable y denunciaban las condiciones del suministro en sus hogares. La movilización derivó en un operativo policial frente a Casa Jalisco, tras el cual familiares de detenidos denunciaron presuntas golpizas e incomunicación.
Las investigaciones deberán establecer cómo ocurrieron los hechos, si el uso de la fuerza fue necesario y proporcional, y qué responsabilidades corresponden en caso de acreditarse violaciones a los derechos humanos.