Guanajuato, Gto.- La Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma contra la discriminación laboral en el sector público, espacio en el que su presidenta, la diputada panista Susana Bermúdez Cano, reconoció que las autoridades mantienen una tarea pendiente para lograr que las reformas legales se traduzcan en una realidad en la vida diaria de las trabajadoras.
La legisladora encabezó la revisión de la propuesta presentada por la diputada de Morena, Miriam Reyes Carmona, la cual busca obligar a todos los entes públicos a diseñar protocolos específicos de denuncia, órganos responsables y capacitación permanente. Frente a este planteamiento, representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal y de la Fiscalía General sostuvieron que la adición replica formulaciones aprobadas en junio pasado dentro de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.
Diputados revisan una reforma para establecer protocolos de denuncia y capacitación en entes públicos; el dictamen sigue pendiente.
Ante los argumentos de que las obligaciones ya existen en el marco normativo vigente, Bermúdez Cano afirmó que el dictamen final no se resolverá hasta desahogar una mesa técnica entre asesores parlamentarios. Asimismo, admitió que el verdadero reto radica en lograr que las reformas impacten de forma tangible en el entorno laboral de las mujeres.
“La propuesta de adición ya se encuentra prevista en la ley, además de que la ley vigente ya prevé una política pública integral con enfoque de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, y en aras de respetar la opinión de cada uno de mis compañeros, no determinaré el sentido de este dictamen hasta que tengan reunión de asesores. Coincido con lo que aquí se ha vertido, en que tenemos una tarea pendiente de enfoque en lo que sigue después de lo que ya hemos establecido en las últimas reformas, realizar ciertas acciones que nos lleven a que sea una realidad en la vida diaria de las mujeres“, expresó la diputada de Acción Nacional.
Piden garantizar denuncias confidenciales y plazos de cumplimiento
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Durante las comparecencias, representantes del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del Tribunal Estatal Electoral subrayaron la necesidad de fijar plazos claros de cumplimiento a las administraciones municipales para evitar que las normas queden inactivas. Asimismo, coincidieron en garantizar la confidencialidad para que las empleadas no teman perder su trabajo al denunciar a sus superiores, al tiempo que advirtieron sobre la necesidad de delimitar las funciones de atención frente a las facultades sancionadoras, a fin de no duplicar estructuras burocráticas sin presupuesto.
Bermúdez Cano concluyó que a este estudio se sumaron las opiniones remitidas por diversos ayuntamientos de la entidad, las cuales serán consideradas junto con las posturas técnicas de los organismos autónomos y las dependencias estatales antes de que la comisión elabore y someta a votación el dictamen legislativo.
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