Irapuato, Guanajuato.- Entre siete y ocho establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas fueron clausurados en Irapuato durante este año por no contar con los permisos municipales correspondientes, informó Julio González Borja, titular de Fiscalización. El funcionario señaló que las revisiones continuaron tras los reportes sobre la presunta venta de bebidas alcohólicas adulteradas.
El funcionario municipal explicó que, tras los casos que se dieron a conocer meses atrás, en los que hubo víctimas mortales, las dependencias municipales mantuvieron la coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender los reportes relacionados con la posible comercialización de alcohol adulterado.
Detalló que, cuando recibían una denuncia o un aviso sobre algún establecimiento donde presuntamente se vendían este tipo de bebidas, activaban un protocolo de intervención en el que participaban las distintas áreas involucradas, incluida la autoridad sanitaria.
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“Hemos estado muy al pendiente. La coordinación yo creo que es muy importante, inclusive con Fiscalía, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la coordinación ha sido muy correcta”, comentó.
Julio González Borja indicó que Fiscalización participaba como área de acompañamiento y se encargaba de verificar que los negocios contaran con la documentación municipal correspondiente. Sin embargo, aclaró que cada dependencia tenía sus propios procedimientos para determinar si existían irregularidades en la venta de bebidas alcohólicas.
Explicó que contaban con un grupo especializado para responder a este tipo de situaciones, cuyos integrantes podían organizar reuniones emergentes y coordinarse mediante un grupo de comunicación para acudir a los establecimientos señalados.
Sobre los reportes recibidos después de los casos de presunto alcohol adulterado, mencionó que atendieron alrededor de cuatro avisos, aunque precisó que no todos derivaron en irregularidades comprobadas.
“Después de alrededor de tres, cuatro reportes. No, tampoco es señalar que encontramos alguna situación, nada más los que en su momento Fiscalía con sus propias investigaciones hizo sus intervenciones”, señaló.
Clausuras por falta de permisos
El titular de Fiscalización indicó que, además de las revisiones derivadas de estos reportes, durante el año clausuraron entre siete y ocho establecimientos por carecer de los permisos municipales necesarios para operar.
Precisó que se trataba de negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, entre ellos minisúperes, y aclaró que las clausuras no necesariamente estaban relacionadas con la comercialización de alcohol adulterado.
En estos casos, explicó, el personal municipal solicitaba la documentación correspondiente y, al detectar que los establecimientos no contaban con los permisos requeridos, procedía a la clausura.
También advirtió que algunos propietarios abrían sus negocios mientras todavía realizaban trámites para regularizar su situación, bajo la idea de que podían comenzar a operar antes de obtener las autorizaciones necesarias.
“Se le hace muy fácil abrir y dice: ‘Al cabo estoy tramitando’, entonces no, hasta que tenga una licencia o esté en un proceso de tener su licencia”, puntualizó.
Aclaró que la licencia de alcoholes no era expedida por el Municipio, sino por el Gobierno del Estado, por lo que los comerciantes debían cumplir con los procedimientos correspondientes antes de iniciar operaciones.
Piden reportar establecimientos sospechosos
Julio González Borja señaló que en Irapuato había más de dos mil 500 establecimientos relacionados con la venta de bebidas alcohólicas, desde tiendas y restaurantes hasta negocios que comercializaban productos en envase abierto o cerrado.
Ante la cantidad de puntos de venta, reconoció que resultaba complicado revisar cada establecimiento de manera individual, por lo que las cuadrillas supervisoras recorrían distintas zonas del municipio y los reportes ciudadanos ayudaban a dirigir las inspecciones.
“Sí necesitamos que el ciudadano también nos reporte, es muy complicado checar uno por uno”, expresó.
Finalmente, aclaró que las clausuras por falta de permisos no significaban que los negocios estuvieran bajo investigación de la Fiscalía por la presunta venta de alcohol adulterado, pues desconocía si existían procedimientos ministeriales relacionados con esos casos.
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Añadió que, cuando surgían señalamientos sobre la posible adulteración de bebidas, las autoridades competentes debían realizar sus propias investigaciones y determinar si existían elementos para proceder, mientras Fiscalización intervenía en el ámbito de sus atribuciones administrativas.
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