Guanajuato, Guanajuato.- “Para que no quede esto en una suspensiva si la persona titular del Ejecutivo no emite su respuesta, sino que haya la claridad necesaria para que el Congreso haga su ejercicio de potestad soberana para que se publique“, afirmó el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks al respaldar el cambio normativo que impedirá a quien encabece la gubernatura congelar leyes aprobadas. En términos prácticos, cuando el Poder Legislativo avala una reforma, esta no entra en vigor hasta que el Gobierno del Estado la publica en el Periódico Oficial; con esta iniciativa, si el Ejecutivo estatal deja pasar diez días sin publicarla ni hacerle observaciones, el Congreso local tendrá la facultad de ordenar su difusión inmediata para que entre en vigencia.
Esta omisión legal permitía frenar decretos
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, quien expuso que esta omisión legal permitía frenar decretos simplemente manteniéndolos archivados en el despacho gubernamental. Para justificar el cambio, García Oliveros señaló que la Ley para la Diversidad Sexual estuvo retenida cuatro meses en el Ejecutivo antes de ser enviada a la imprenta oficial durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, por lo que sostuvo que ningún derecho avalado por el Congreso debe depender del silencio del Gobierno estatal.
En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también se abrió el debate sobre los mecanismos de consulta previa a reformas electorales y educativas. El diputado morenista Ernesto Millán Soberanes solicitó que los migrantes guanajuatenses en Estados Unidos participen por videollamada para exponer sus necesidades; al respecto, la diputada panista Susana Bermúdez Cano coincidió en escucharlos, pero planteó atenderlos en una reunión exclusiva y separada de las autoridades, acuerdo que resultó aprobado. Sin embargo, cuando Millán Soberanes y la priista Rocío Cervantes Barba propusieron consultar de forma abierta a la comunidad universitaria sobre reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, Romero Hicks se opuso al advertir que la legislación federal obliga a solicitar en primer término la opinión del Consejo General Universitario, criterio con el que la mayoría del PAN votó en contra de abrir foros estudiantiles.
En la misma sesión de comisión, la mayoría panista acordó el archivo definitivo de dos iniciativas promovidas por la oposición: una de Morena para proteger a ciudadanos que denuncien actos de corrupción gubernamental y otra de la priista Rocío Cervantes para dirimir controversias legales entre autoridades locales ante juzgados del fuero común. Los legisladores de Morena y del PRI votaron en contra de desechar los proyectos, al defender que se trataba de instrumentos necesarios para combatir la impunidad y garantizar certeza jurídica.
Seguridad
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El único acuerdo unánime de la comisión fue la aprobación del dictamen de reforma a la Ley de Víctimas para evitar que los cuerpos de personas no identificadas terminen en fosas comunes sin registro. Con esta modificación, las autoridades ministeriales y periciales estarán obligadas a recabar y resguardar perfiles genéticos de ADN y las coordenadas exactas de inhumación de cualquier cuerpo no reclamado, a fin de garantizar certeza a las familias en la búsqueda de personas desaparecidas.