Guanajuato, Guanajuato.- Legisladores alistan una reforma al Código Territorial de Guanajuato para prohibir que los organismos operadores de agua potable corten totalmente el suministro a las familias que no puedan pagar el recibo mensual. La propuesta los obligaría a garantizar por ley un mínimo vital para uso doméstico, además de establecer requisitos técnicos obligatorios para la integración de sus consejos directivos.
El proyecto de dictamen, que unificó siete iniciativas de distintas fuerzas políticas tras más de 20 horas de trabajo técnico, plantea reformar el artículo 313 para que sistemas municipales como Sapal, en León; Simapag, en Guanajuato, y Japami, en Irapuato, queden impedidos de suspender totalmente el servicio por adeudos en casas habitación. En su lugar, deberán mantener un flujo básico continuo para la subsistencia y el consumo de personas sin solvencia económica.
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Durante la mesa de trabajo de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, expuso el alcance del acuerdo alcanzado con el secretario del Agua y Medio Ambiente del estado, José Lara Lona, y los legisladores del PAN, PRI y PVEM:
“A mí me parece que esta iniciativa es de las más importantes que vamos a sacar en esta legislatura. Tiene que ver con el agua, con los organismos operadores, con las prioridades y con los mínimos vitales; todo bajo una discusión rigurosa, técnica, jurídica y con una visión muy social”.
En materia de gobernanza, el documento proyecta que los consejos directivos de los organismos operadores estén conformados obligatoriamente por personas con perfil y experiencia técnica comprobada en materia hídrica. También incorpora un marco normativo para regularizar el funcionamiento de los comités comunitarios que administran pozos en zonas rurales.
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La propuesta, impulsada por la presidenta de la comisión, Luz Itzel Mendo González, del Partido Verde, y el diputado Ricardo Ferro Baeza, establece también que los nuevos desarrollos habitacionales incorporen sistemas de captación pluvial. Tras desahogar las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo, el proyecto quedó listo para ser votado en comisiones y, posteriormente, turnado al pleno del Congreso para su aprobación definitiva.