Irapuato, Guanajuato.- El incremento a las tarifas del agua potable en Irapuato respondería más a la necesidad de recaudar recursos para cubrir los compromisos financieros de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami), que a una estrategia para mejorar el servicio, consideró René Eloy Mendoza Franco, presidente del Colegio de Ingenieros del Agua de Guanajuato.
El especialista cuestionó las decisiones financieras que se tomaron en los últimos años dentro del organismo operador, entre ellas las inversiones relacionadas con el C4 y la planta de tratamiento, así como los compromisos económicos que, aseguró, terminaron por reducir su capacidad financiera y trasladar la carga a los usuarios.
Como referencia, mencionó una evaluación de la calificadora Moody’s, publicada en mayo de 2026, en la que Japami obtuvo calificaciones doble A, aunque también se señalaron riesgos financieros para el organismo.
Uno de los gastos que más presionaba las finanzas era el consumo de energía eléctrica
René Mendoza Franco explicó que uno de los gastos que más presionaba las finanzas era el consumo de energía eléctrica, que representaba alrededor del 35% del presupuesto anual destinado a la operación, debido, entre otros factores, al incremento de la cobertura de cárcamos y las instalaciones vinculadas con los proyectos recientes.
A esto se sumó, dijo, un préstamo de 150 millones de pesos, que comprometió todavía más las finanzas del organismo.
También cuestionó los resultados de las inversiones destinadas a la detección de fugas mediante imágenes satelitales, pues aseguró que los hallazgos se concentraron en los cuadros de medición de las tomas domiciliarias, sin que esto representara resultados financieros o mejoras sustanciales en la operación de Japami.
“Se han hecho fuertes inversiones que al final de cuentas no están redituando financieramente en lo que tendrían que ser las acciones del organismo operador”, señaló.
El presidente del Colegio de Ingenieros del Agua advirtió que el aumento de las tarifas tampoco garantizaba que los usuarios recibieran un mejor servicio, particularmente porque, desde su perspectiva, no se estaban destinando suficientes recursos a la rehabilitación de la red de distribución.
Explicó que incluso los proyectos de automatización podían tener resultados limitados si antes no se contaba con información confiable sobre el padrón y el catastro de usuarios.
“Si de fondo no tienes la información que requerirías, pues no necesariamente esto significa que habrá una mejora del servicio”, comentó.
Consideró que el impacto económico para las familias sería considerable, debido a que el ajuste propuesto prácticamente duplicaría lo que correspondería a una actualización inflacionaria. Además, recordó que los hogares ya enfrentaban incrementos en los productos de la canasta básica y otros gastos cotidianos.
Por ello, cuestionó que los regidores y diputados analizaran el tema únicamente desde una perspectiva financiera, sin considerar las condiciones económicas de quienes finalmente pagarían los recibos.
De aprobarse las nuevas tarifas por parte del Congreso del Estado, estas entrarían en vigor el 1 de enero de 2027. Ante este escenario, recomendó a las familias contemplar desde ahora una parte de sus ingresos de fin de año, incluido el aguinaldo, para cubrir el servicio.
“El Congreso no es el que va a pagar el agua, lo va a pagar la ciudadanía, que no se les olvide eso a los legisladores“, expresó.
Mendoza Franco también recordó que anteriormente conoció casos de usuarios que recibieron cobros que consideró arbitrarios y a quienes se les ofrecieron convenios de entre 2 mil y 3 mil pesos mensuales durante uno o dos años. Incluso, señaló que realizó algunos dictámenes técnicos para apoyar a personas que buscaban defenderse de estos cobros.
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Sin embargo, lamentó que los usuarios no contaran con mecanismos claros para resolver sus inconformidades, pues al acudir a Japami podían ser enviados al municipio y viceversa.
Finalmente, llamó a la población a utilizar los canales oficiales para reportar fugas, fallas en el suministro y posibles cobros indebidos, además de conservar evidencia de sus solicitudes para exigir que el organismo atendiera los problemas en tiempo y forma.
“Tenemos que utilizar los canales oficiales para dejar evidencia si el organismo operador está haciendo las cosas o no las está haciendo“, concluyó.