San José de Iturbide, Gto.- El presidente municipal, Manuel Montes de la Vega, pidió a la Fiscalía General del Estado, esclarecer la denuncia por presunto abuso sexual contra un sacerdote, relacionada con hechos cometidos en la comunidad El Salitre y determinar si existe responsabilidad penal.
Añadió que la Iglesia cuenta con propios mecanismos normativos y un tribunal eclesiástico que habría sancionado al señalado, sin embargo, la investigación ante las autoridades civiles permanece en manos de la Fiscalía.
“Es un tema que está en Fiscalía, la verdad eso no nos compete, la Fiscalía tendrá toda la obligación de investigar, de indagar, de hacerse de todas las probanzas y de las evidencias necesarias”, expresó.
Montes de la Vega resaltó que más allá de las sanciones que se hayan determinado dentro de la institución religiosa, corresponde a la autoridad ministerial esclarecer los hechos y establecer si existe algún delito.
“Como ciudadano siempre pediré que se haga justicia y que, si alguien resultó responsable, pues obviamente que se le imponga una pena por las actitudes que haya realizado”, resaltó.
Añadió que en caso de que las investigaciones determinen que no existió delito ni responsabilidad, también debe hacerse del conocimiento público.
Montes de la Vega aclaró que el tema no fue abordado durante su encuentro con el nuevo obispo de la diócesis queretana que sostuvo hace algunos días, debido a que, según explicó, la sanción eclesiástica habría sido determinada durante una administración anterior de la Iglesia.
Para finalizar, reiteró que mantiene una postura de respeto hacia la institución religiosa y otros credos, pero insistió en que el esclarecimiento de la denuncia corresponde a la Fiscalía y que debe prevalecer la justicia.
A 10 años de lo ocurrido en la comunidad de San José de Iturbide, Constantino ‘N’ será juzgado en mayo del 2027
Anteriormente, correo informó que Constantino “N”, conocido como el padre Tino, fue vinculado a proceso en noviembre de 2025 por presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores.
La denuncia pública señala que los hechos ocurrieron durante aproximadamente cuatro años, cuando la víctima tenía 11 años y era monaguillo en la comunidad de San Sebastián del Salitre, en San José Iturbide.
El 16 de octubre, la Diócesis de Celaya, decretó el 17 de marzo de 2017 la expulsión del estado clerical del sacerdote Constantino “N”, tras un procedimiento eclesiástico relacionado con la denuncia por abuso sexual presentada por Jorge, quien era menor de edad cuando ocurrieron los hechos denunciados.
De acuerdo con una copia del decreto penal administrativo proporcionada a Periódico Correo, la resolución fue emitida por el entonces obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, y certificada por el canciller diocesano Juan Galván Sánchez.
En el mes de julio de este año 2026, se realizó una audiencia intermedia, etapa en la que se prepara el juicio y se revisan los elementos probatorios que podrían presentarse ante el tribunal.
Sin embargo, el imputado no enfrenta prisión preventiva, pero está sujeto a medidas cautelares, mismas que incluyen la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y sus familiares.
Asimismo, teniendo restricciones para no salir del estado sin autorización judicial y la obligación de presentarse semanalmente ante las autoridades de seguridad pública en Apaseo el Grande de donde es originario el ex sacerdote.
El juicio oral presencial está previsto para mayo del siguiente año 2027, en los juzgados de San José de Iturbide.
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