La medida fue anunciada tres días después de que Alliana asumiera la Presidencia, en medio de una crisis política relacionada con las investigaciones sobre presuntas irregularidades financieras en Ueno Bank.
A través de una publicación atribuida a su cuenta oficial de X, el mandatario informó que instruyó a Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, para solicitar la disponibilidad de los cargos de confianza dentro del Poder Ejecutivo.
El objetivo, de acuerdo con el mensaje difundido, es mejorar la coordinación entre las instituciones y reorganizar las responsabilidades de la nueva administración.
Alliana también señaló que las dependencias gubernamentales deberán continuar sus actividades con normalidad mientras se revisa la permanencia de sus titulares.
¿Por qué Pedro Alliana pidió la renuncia de los ministros de Paraguay?
La solicitud forma parte de los primeros movimientos administrativos atribuidos al Gobierno de Pedro Alliana después de asumir la Presidencia de Paraguay.
De acuerdo con el comunicado proporcionado, la instrucción busca permitir que el Ejecutivo evalúe la continuidad de los funcionarios que ocupan puestos de confianza y determine posibles modificaciones en la estructura gubernamental.
La disposición no implica necesariamente que todos los ministros y altos funcionarios deban abandonar sus responsabilidades de manera inmediata.
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Por el contrario, el documento establece que las autoridades deberán mantener el funcionamiento de sus instituciones hasta que se adopten las decisiones correspondientes.
El procedimiento permitiría al nuevo mandatario ratificar a determinados funcionarios, aceptar renuncias o designar nuevos responsables en las dependencias sujetas a su facultad de nombramiento.
¿Qué funcionarios deberán poner sus cargos a disposición?
La instrucción difundida contempla distintas categorías de autoridades dentro de la administración pública paraguaya.
Entre ellas se encuentran los ministros del Poder Ejecutivo, secretarios ejecutivos con rango ministerial y titulares de instituciones públicas cuya designación dependa directamente de la Presidencia.
La solicitud también comprende a las máximas autoridades de organismos autónomos, autárquicos y descentralizados, así como a responsables de entidades financieras públicas y empresas estatales, siempre que sus cargos estén sujetos al régimen de libre nombramiento y remoción.
Según el documento, la medida se fundamenta en disposiciones de la Ley 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, y de la Ley 7278/2024, relacionada con la organización administrativa del Estado.
Estas referencias normativas establecen el marco bajo el cual determinadas autoridades pueden ser designadas o removidas por decisión del Ejecutivo.
¿Quiénes quedan fuera de la solicitud de renuncia?
La disposición atribuida al Gobierno de Alliana contempla excepciones para aquellos funcionarios cuya permanencia en el cargo está protegida por disposiciones legales específicas.
Entre los casos excluidos se encuentran las autoridades designadas por periodos establecidos en la ley, aquellas cuyo nombramiento o remoción requiere la participación de otros órganos del Estado y los funcionarios que únicamente pueden ser separados de sus responsabilidades por causas expresamente previstas en la legislación.
Por lo tanto, la solicitud no tendría efectos automáticos sobre todas las instituciones públicas.
El alcance de la medida dependerá del régimen jurídico aplicable a cada cargo y de las facultades de nombramiento y remoción que correspondan al Poder Ejecutivo.