Guanajuato, Guanajuato.- Para evitar que las familias en Guanajuato enfrenten un “peregrinar” de hasta cuatro años y consulten al menos a cinco médicos antes de saber si sus hijos viven con autismo, especialistas y madres de familia demandaron en el Congreso del Estado reformas legales que obliguen al sector salud a aplicar tamizajes gratuitos en clínicas públicas y frenen la exclusión en las escuelas de la entidad.
Durante el foro de consulta organizado por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura en la sede legislativa, el neurólogo pediatra Jorge Carranza del Río advirtió que la detección tardía arrebata a las niñas y los niños la etapa de mayor plasticidad cerebral para su desarrollo.
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“Un diagnóstico oportuno cambia radicalmente el futuro de un menor. Si intervenimos antes de los dos años y medio, el 65 por ciento de los niños logra una mejoría sustancial en su lenguaje, interacción y calidad de vida; sin embargo, en Guanajuato ocho de cada diez diagnósticos se dan después de los cuatro años, cuando ya se perdió la ventana neurológica más importante”, expuso el especialista.
Carranza del Río explicó que en la entidad uno de cada 115 menores vive dentro del espectro autista, de acuerdo con mediciones clínicas en León, por lo que urgió a capacitar al personal de primer contacto en los centros de salud mediante herramientas inmediatas que no representen un costo para la ciudadanía.
“No se necesitan estudios sofisticados ni costosos para tener una primera sospecha. Existe el cuestionario M-CHAT, una prueba validada internacionalmente que consta de 20 preguntas, es gratuita y toma únicamente dos minutos aplicarla en una consulta médica general para canalizar al niño de inmediato”, puntualizó.
El rezago clínico impacta directamente en las aulas. Madres de familia y docentes asistentes denunciaron que en diversos municipios los planteles de educación básica y los Centros de Atención Múltiple (CAM) han cerrado turnos vespertinos o condicionan la asistencia de los alumnos neurodivergentes a solo dos o tres días por semana, con el argumento de que no cuentan con personal capacitado para atenderlos.
Al respecto, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Guanajuato, Katia Soto Escamilla, reconoció que los esfuerzos gubernamentales quedan truncos si no se certifica a los profesionales encargados de operar la infraestructura pública.
“En el estado se han instalado salas multisensoriales en escuelas de educación especial, pero si los maestros no cuentan con la certificación adecuada, esos espacios se desaprovechan. Además, necesitamos que las empresas conozcan los beneficios fiscales para deducir el Impuesto sobre Nómina al contratar a personas con autismo, para que las y los jóvenes tengan empleo formal y no queden relegados únicamente a talleres de oficios básicos”, planteó la funcionaria.
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La Comisión de Educación acordó que estas demandas serán integradas al proyecto de dictamen de reforma a la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, con el fin de establecer en la ley la atención obligatoria a la neurodivergencia, garantizar personal docente capacitado en las aulas y vincular al sistema de salud para asegurar diagnósticos tempranos desde la primera infancia.
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