La administración del presidente boliviano, Rodrigo Paz, busca conocer las condiciones bajo las cuales México habría concedido protección al exfuncionario, quien ocupó la vicepresidencia durante el Gobierno de Evo Morales.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informó que inició gestiones por los canales diplomáticos oficiales para confirmar la situación migratoria y jurídica de García Linera, así como los alcances de una eventual concesión de asilo.
La solicitud surgió después de que el exvicepresidente declarara públicamente que las autoridades mexicanas le otorgaron protección política y mostrara ante medios de comunicación bolivianos un documento que acredita su residencia en territorio mexicano.
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¿Por qué Álvaro García Linera solicitó asilo político en México?
El exvicepresidente explicó que decidió trasladarse a México luego de conocer que se había reactivado una denuncia relacionada con los acontecimientos registrados en el hotel Las Américas, en Santa Cruz, hace más de 17 años.
De acuerdo con sus declaraciones al diario EL PAÍS, García Linera se encontraba en Argentina el 31 de octubre, donde acudió a recibir un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cuando tuvo conocimiento del procedimiento judicial promovido por el expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga.
Ante la posibilidad de enfrentar una orden de aprehensión, el exfuncionario optó por solicitar nuevamente protección al Gobierno mexicano, argumentando que existían riesgos para su seguridad y para el ejercicio de su derecho a la defensa.
Según su versión, la Cancillería mexicana autorizó reactivar el asilo político que había recibido en noviembre de 2019, cuando abandonó Bolivia junto con Evo Morales durante la crisis política que provocó la salida de ambos del poder.
García Linera sostiene que las acusaciones en su contra tienen motivaciones políticas y buscan desacreditar el periodo de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente las políticas impulsadas en favor de los pueblos indígenas.
¿Qué ocurrió en el hotel Las Américas de Bolivia en 2009?
El caso que originó la controversia diplomática se remonta al 16 de abril de 2009, cuando integrantes de una unidad especial de la Policía boliviana realizaron un operativo en el hotel Las Américas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra.
Durante la intervención murieron tres ciudadanos extranjeros identificados como Eduardo Rózsa Flores, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer. Otros dos hombres, Mario Tadic y Elod Toaso, fueron detenidos.
El Gobierno de Evo Morales sostuvo entonces que los involucrados formaban parte de una organización que pretendía impulsar acciones violentas contra las autoridades bolivianas, presuntamente con apoyo de sectores opositores.
Sin embargo, el operativo generó cuestionamientos sobre la actuación policial y las circunstancias en las que fallecieron los tres hombres.
Posteriormente surgieron versiones que apuntaban a una posible operación organizada por servicios de inteligencia para justificar acciones contra dirigentes opositores de Santa Cruz.
La controversia se prolongó durante años y dio lugar a señalamientos sobre posibles violaciones de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza y responsabilidades de funcionarios de aquella administración.
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García Linera rechaza acusaciones y denuncia persecución política
Tras la reactivación del expediente, Álvaro García Linera rechazó cualquier responsabilidad en los hechos y aseguró que el procedimiento responde a intereses de sectores políticos contrarios al antiguo Gobierno de Morales.
El exvicepresidente afirmó que la intervención en el hotel Las Américas fue una operación policial destinada a detener a personas consideradas sospechosas de participar en actividades terroristas.
También sostuvo que las instrucciones oficiales consistían en realizar las detenciones y presentar a los implicados ante las autoridades judiciales, sin autorizar ejecuciones ni actuaciones fuera del marco legal.
En su defensa, señaló que la investigación internacional del caso abordó las circunstancias del enfrentamiento y la posible utilización desproporcionada de la fuerza por parte de los agentes.
García Linera considera que el nuevo procedimiento busca convertir un operativo de seguridad en un instrumento de confrontación política contra los antiguos integrantes del Ejecutivo boliviano.