Morena, PAN y PRI discuten en Congreso de Guanajuato por pérdida de certificación contra el sarampión

Guanajuato, Guanajuato.- La tribuna del Congreso de Guanajuato contrastó este jueves dos lecturas sobre la situación epidemiológica nacional, tras la determinación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de retirar a México la certificación como país libre de transmisión endémica de sarampión. En el debate, las bancadas de Morena, PAN y PRI confrontaron estadísticas oficiales de cobertura, letalidad y tiempos de respuesta sanitaria.

Flanqueado en la tribuna por siete diputados de su bancada, quienes sostenían cartulinas con leyendas como “10.8 millones de dosis contra el sarampión”, el legislador morenista Antonio Chaurand Sorzano defendió la estrategia sanitaria federal al sostener que entre 2025 y 2026 se aplicaron 40.9 millones de dosis para alcanzar una cobertura del 90 por ciento y reducir los contagios activos a solo 14 en todo el país.

La pérdida de la certificación de México como país libre de sarampión generó un debate en el Congreso de Guanajuato. Foto: Francisco Meléndez

“La federación aporta las vacunas y los biológicos, pero el sistema de salud de cada estado es el que aplica las dosis; hay abasto suficiente de biológicos y el exhorto legislativo resulta innecesario porque estamos en el camino de volver a tener cero casos”, manifestó, respaldado por el diputado David Martínez Mendizábal, quien advirtió que los exhortos legislativos desvían la atención de las obligaciones de campo de la Secretaría de Salud estatal.

En respuesta, el diputado panista Aldo Iván Márquez Becerra exhibió desde su espacio fotografías de legisladores de Acción Nacional mientras cuestionaba el balance oficial. Para ello, se apoyó en reportes de Unicef que documentan una cobertura de apenas 69 por ciento en la segunda dosis, frente al 95 por ciento requerido para la inmunidad comunitaria.

“¿Van a decir que los contagios disminuyeron cuando se acumularon más de 20 mil casos y 50 defunciones en menores de un año? Con ese descaro piden que no se exhorte a proteger a la niñez”, recriminó.

A esta postura se sumó la diputada Angélica Casillas Martínez, quien señaló que los desajustes en la distribución de biológicos rompieron con la certificación internacional que México mantuvo por décadas.

En el balance de la discusión, el coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Arias Ávila, subrayó que, más allá del descenso en la curva de contagios recientes, la permanencia del virus por más de doce meses ininterrumpidos generó una afectación irreversible en las acreditaciones sanitarias.

“El error es uno y lo demás son consecuencias; lo que está claro es que México era un país libre de sarampión y se perdió esa denominación durante el actual gobierno federal. El asunto de fondo es asumir la responsabilidad de las fallas que detonaron ese resultado”, concluyó.

Legisladores de Morena defendieron las cifras de vacunación y el abasto de biológicos en el país. Foto: Francisco Meléndez

La discusión se desarrolló en una sesión en la que las distintas bancadas recurrieron a datos de organismos internacionales, aunque enfatizaron momentos distintos de la contingencia epidemiológica.

Desechan iniciativa del MC para crear subsidios al transporte colectivo

Por mayoría de 30 votos a favor y dos en contra, el Pleno del Congreso local desechó y envió al archivo definitivo una iniciativa de Movimiento Ciudadano que pretendía reformar la Constitución estatal y la Ley de Movilidad para crear un fondo público de subsidios al transporte colectivo, frenar los aumentos de pasaje en fin de año e indexar una tarifa social sujeta al ingreso promedio de las familias en los 46 municipios.

Al pronunciarse en tribuna contra el dictamen de archivo emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado emecista Rodrigo González Zaragoza sostuvo que el transporte urbano ha perdido cerca del 30 por ciento de sus pasajeros por deficiencias de traslado y costo, orillando a los usuarios a endeudarse comprando motocicletas a crédito, además de acusar que en localidades como Acámbaro y Salamanca los transportistas elevaron tarifas de facto: “Moverse es un derecho y no un negocio privado; propusimos un subsidio gubernamental y revisar las condiciones socioeconómicas antes de cualquier ajuste para que no se cargue el costo en los bolsillos de estudiantes y trabajadores en cada cierre de año”, expuso.

En contraste, el bloque integrado por PAN, Morena y PRI avaló desechar la propuesta al considerar que suprimir la atribución contemplada en el artículo 117 de la Constitución local vulneraría la autonomía que el artículo 115 federal otorga a los ayuntamientos para regular sus propios servicios públicos; al respecto, el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, rechazó el modelo de tarifa social indexada al afirmar que la contención de incrementos debe garantizarse directamente desde los cabildos sin despojar a los municipios de sus facultades legales.

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