1.- La justicia como objeto de complacencia
Lo que ha quedado claro, es que para los políticos las instituciones de justicia no son más que una extensión de los espacios burocráticos susceptibles de ser usados para ubicar a afines, incondicionales, aliados, o de plano objetos de complacencia con motivo de negociaciones insanas o de consolación ante decisiones políticas superiores.
A estas alturas, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre, tal vez caiga en todos los supuestos. Su esposa, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, va como propuesta directa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), sin olvidar que el fiscal podrá tener una pensión de casi 100 mil pesos al mes.
Si bien Durán Asís completó una trayectoria como juez del Poder Judicial de Guanajuato (PJG), esta ya se había jubilado con una pensión de 25 mil pesos al mes. El sueldo bruto mensual de los Magistrados adscritos al TJA es de 201 mil 473 pesos y neto mensual es de 135 mil 569 pesos, así que de confirmarse el nombramiento sabe usted de qué tamaño es el beneficio.
Pero como Correo lo revela en su portada de hoy, este no fue él único “logro” del fiscal. El 2 de abril, justo el día en que se publicó en el Periódico Oficial la inclusión de su pensión mejorada y aumentada, también entró en vigencia el contrato de prestación de servicios que su hija recién egresada como licenciada en derecho en 2023, logró en el mismo TJA por casi 20 mil pesos al mes.
Poro todo lo anterior, conviene recordar que Carlos Zamarripa Aguirre ascendió a su cuñada Bernardina Elizabeth Durán Isaís, quien llegó en 2006 a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) como asesora, para luego ser ascendida como directora general jurídica en 2019, tan pronto como ese dependencia fue transformada en la autónoma FGE.
Ahora sabemos que además de la esposa del fiscal, el gobernador también ha propuesto el regreso de Vicente Esqueda Méndez también como magistrado del TJA luego de su gris paso por el Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), mientras se busca la designación del exdirigente del PAN, Eduardo López Mares, como consejero del PJG.
Para completar todo este cuadro de ignominia, resulta que la propuesta para una de las magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es la del celayense Miguel Ángel Chico Herrera luego de mantenerse leal y apegado al exsecretario Adán Augusto Hernández, quien ya había beneficiado a Octavio Augusto Prieto Gallardo, hijo de Ernesto Prieto Ortega.
Así que nos topamos con ilustraciones vivas del uso y desuso de las entidades de justicia en Guanajuato como agencia de colocaciones. Una conducta que difícilmente podría darse en contra de la voluntad de la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, así que su mutis al momento confirma su visto bueno a la agenda que advertimos entre el gobernador y el fiscal en sus postrimerías.
2.- Voces por un mecanismo de protección que sirva
El panorama adverso contra periodistas y defensores de derechos humanos en Guanajuato se recrudece, mientras las estructuras creadas para protegerlos se vulnera cada vez más pese al historial de sucesos, agresiones y amenazas que se han acumulado desde la creación del Consejo Estatal de Protección que preside el Secretario de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera.
Hasta diciembre de 2022, ese mecanismo federal había brindado medidas de protección a 47 personas periodistas y defensoras de derechos humanos el 61.7 por ciento mujeres, de las que 14 son periodistas, seis mujeres y ocho hombres, y 33 son personas defensoras de derechos humanos, 23 mujeres y diez hombres.
Por otro lado, el Consejo Estatal de Protección, que es uno de los dos entes del sistema de atención a casos de agresiones contra personas defensoras y periodistas en Guanajuato, y que opera desde abril de 2019, ha brindado protección a 122 personas defensoras de derechos humanos y periodistas, de las que 58 son mujeres, 47.5 por ciento.
Prácticamente el 80 por ciento de las situaciones de riesgo que se atendieron de abril de 2021 a marzo de 2022, fueron en contra de mujeres. De ahí que la organización Cimac haya emprendido el diagnóstico participativo “Hacia una política pública para la protección integral de las defensoras y periodistas en el estado de Guanajuato”.
El objetivo es revisar el marco normativo estatal en materia de protección, el contexto de incremento de violencia contra ellas, así como los impactos y las necesidades para garantizar su labor en condiciones de seguridad, se construyó el documento que además recoge las propuestas hacia las instituciones que tienen por mandato la garantía de seguridad en su labor.
La respuesta de los legisladores urge para las defensoras de derechos humanos y periodistas que laboran en Guanajuato, pues el contexto de riesgo y violencias que experimentan día a día ha estado marcado por una serie de procesos de amenaza, estigmatización y criminalización, lo cual ha amplificado el temor por su seguridad.
3.- La ‘delicada’ liberación que sacude al Bajío
La inminente liberación de tres miembros del Cártel de Santa Rosa de Lima, entre ellos el hijo de José Antonio Yépez ‘El Marro’, es un hecho que debe preocupar más allá de que Andrés Manuel López Obrador aproveche el caso para sostener su narrativa contra el Poder Judicial Federal, ayudado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
De acuerdo a la funcionaria que debió dar la mala noticia en plena mañanera, alrededor de las nueve de la noche del martes, un juez en Querétaro decretó la liberación inmediata de los detenidos. “Es una situación delicada. Estamos rastreando si hubiera otras órdenes de aprehensión pendientes”, expresó Rosa Icela.
Fue el 7 de enero de este año cuando las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detectaron a los integrantes de una camioneta en la carretera Celaya -Juventino Rosas. La unidad intentó escapar, pero se le detuvo entre las comunidades de San Isidro de Elguera y San José de Guanajuato. Al interior del vehículo, se localizó bastante armamento, por lo que se detuvo a los tripulantes.
Estos hechos deben de importar sobre todo a los habitantes de la región Laja Bajío, en la que habrá un cambio de gobierno sin precedentes, precisamente por las condiciones de inseguridad que prevalecen en el estado.
De unos meses para acá, ha sido evidente la actividad del Cártel de Santa Rosa de Lima, sobre todo en el municipio de Juventino Rosas, lugar de nacimiento de El Marro, donde las FSPE mantienen un mando único. Así que ese cártel está vivo y operando, por lo que observarlos de cerca será crucial
CONTRA RETRATO
Alejandro Arias Ávila
En pos de una alianza electoral, mantuvo junto a sus compañeros del PRI una postura mimetizada con el PAN en esta legislatura. Convalidar las disposiciones del gobernador se convirtió en parte también de su labor y, de vez en vez, reforzar en las críticas frente a la 4T para luego desempeñar una labor peor que triste en las elecciones del 2 de junio.
Por eso es que el veterano de la política y líder de facto del PRI de Guanajuato, Alejandro Arias Ávila, parece que ha comenzado a revalorar el peso de los votos de él y sus correligionarios, la dirigenta estatal, Ruth Tiscareño Agoitia, y el alcalde electo de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro, en esta coyuntura de asuntos urgentes en cuanto a nombramientos de entidades autónomas.
Trascendió que Arias Ávila ya planteó las reglas de este juego al coordinador de la bancada del PAN y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Ernesto Ayala Torres, en lo que concierne a la propuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de colocar al exdirigente del PAN, Eduardo López Mares, como consejero del Poder Judicial.
Y es que era cuestión de tiempo para que el coordinador de los priistas reparara en el valor de los tres votos del PRI, en los más recientes procesos en los que se votó por Adriana de Santiago Álvarez como contralora de la FGE y por Carmen Lopez Santillana como consejera de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
La mayoría calificada son 24 votos que son las tres cuartas partes del pleno del Congreso Estatal. Fue a partir de las abstenciones de toda la oposición para esas votaciones, la cargada oficial tomó nitidez, pero sin duda alguna también visibilizó la postura de los priistas, dispuestos a sacar raja de cualquier acuerdo.