Ciudad de México, México.- Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, el niño de ocho años asesinado en Almería en 2018, ha emprendido una firme cruzada para evitar que el trágico caso de su hijo se convierta en material de true crime.
Recientemente, logró que una productora desistiera de realizar un documental sobre el crimen, después de denunciar que la asesina condenada, Ana Julia Quezada, estaba participando en entrevistas desde la cárcel y recibiría una compensación económica por ello.
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En una llamada telefónica con CNN, Ramírez expresó su preocupación por el respeto a las familias de las víctimas en la producción de este tipo de contenidos:
“Yo creo que el límite está en el respeto a las familias, en que se les pida consentimiento, que no se les haga daño y que se trate de forma respetuosa a las víctimas”.
Ramírez, quien se opone firmemente a que los asesinos obtengan beneficios económicos o notoriedad pública a través de documentales sobre sus crímenes, enfatizó:
“Jamás estaría en contra de las decisiones que tome otra víctima en contra de sus casos”.
Denuncia entrevistas a la asesina
La madre de Gabriel reveló que la semana pasada testificó ante la Comisión Interior del Senado de España, donde denunció las presuntas entrevistas realizadas a Quezada en prisión.
Según sus declaraciones, estas entrevistas fueron obtenidas de manera irregular, sin el consentimiento adecuado, y criticó la falta de acción del Ministerio del Interior y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para impedirlas.
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Como resultado de sus denuncias, Quezada fue trasladada a un módulo de aislamiento en la prisión de Brieva, en Ávila, por razones de protección, según informes del diario El País.
Además, el Ministerio del Interior y las Instituciones Penitenciarias están investigando cualquier posible irregularidad en el manejo de estas entrevistas.
Sin embargo, Esteban Hernández Thiel, ex abogado de Quezada, negó que se haya pagado algún dinero a su cliente por estas entrevistas, asegurando que ninguna entrevista se llevó a cabo debido a la falta de autorización por parte de las autoridades penitenciarias.
Lucha para que existe ley contra la lucración de delitos graves
Patricia Ramírez ha solicitado enérgicamente que se legisle para evitar que los condenados por delitos graves puedan lucrarse o recibir notoriedad a través de medios de comunicación sin el consentimiento expreso de las víctimas.
En su intervención ante el Senado español, pidió medidas preventivas para informar a las víctimas si los condenados solicitan permisos para realizar entrevistas.
“No quiero una campaña de odio contra nadie”, dijo Ramírez al referirse a la productora que planeaba realizar el documental. “No quiero crear una campaña de odio en contra de nadie porque a la primera que me dañaría es a mí”.
Desde la trágica pérdida de Gabriel, Ramírez ha abogado por el respeto a la memoria de su hijo y ha evitado participar en cualquier producción mediática sobre el caso. Su objetivo es que Gabriel sea recordado como el niño feliz que fue y no como una figura explotada por el morbo mediático.
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