¿Qué pasó con la iniciativa para sancionar la tortura en Guanajuato?

Guanajuato, Guanajuato Fue ordenado el archivo definitivo de las  iniciativas de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guanajuato y de reforma al Código Penal estatal; de la reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Guanajuato y al Código Penal, que tenía por objeto modernizarla, pero también para refrendar obligaciones del Estado y profundizar la armonía del marco jurídico local.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá explicó que son tres iniciativas presentadas en la pasada legislatura por el PAN a la ley de tortura, reformas a la ley de tata de personas y una adición para regular la interdicción en el código civil.

 
La diputada panista Cristina Márquez. Foto: Roberto López.

Detalló que uno de los factores para determinar el archivo definitivo de las tres fue el desfasamiento de los tiempos. 

“Ya sufrieron tanto la ley de tortura como la de trata, diversas reformas que provocaron que estas iniciativas se hayan quedado un poco atrás y para hacer un mejor trabajo habría que hacer una revisión a la luz de la ley general vigente ya con todas las reformas que han tenido para poder ver de qué manera vale la pena impactar en la ley local”, comentó. 

Destacó que al tratarse de leyes generales para la atención, la investigación y la sanción sobre trata y tortura particularmente, las instituciones no dejan de operar, como la Fiscalía General y el Poder Judicial, porque son leyes generales y éstas distribuyen competencias; es decir, que el hecho de que no haya una ley local, no quiere decir que no se investigue o que no se sancione.

Sobre el código civil, la diputada panista dijo que la interdicción es inconstitucional, “porque lo que hace es determinar que una persona carece de capacidad jurídica y ya diversos tratados internacionales, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nació han decretado la inconstitucionalidad. Es decir, todas las personas que tienen discapacidad, tienen capacidad jurídica, capacidad de decisión y voluntad que debe ser respetada”.

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