Guanajuato, México.- El auditor general Javier Pérez Salazar, quien ya presentó su renuncia a partir del 16 de septiembre, dio a conocer que su renuncia fue por circunstancias personales y familiares. Dijo que de acuerdo con su experiencia, la ASEG no necesita más capacidad coercitiva, sino romper el paradigma y convertirla en una auditoria preventiva 

“Es muy natural que genere una extrañeza en todo el entorno, en la parte política, en los medios, incluso al interior de mi propia institución todavía no se procesa de manera totalmente calmada y eso obedece que a veces se nos presentan ciertas circunstancias de la vida imponderables en las cuestiones familiares y personales que nos llevan a tomar decisiones de éste tamaño”, dijo el auditor general. 

En entrevista para Correo, el funcionario estatal dijo “me vi en la necesidad de tomar esta decisión para poder atender algunas circunstancias eminentemente personales y familiares; entiendo que esto ha generado una serie de extrañezas, por decir lo menos y en algunos casos también opiniones sobre las posibles razones que están detrás de ello”. 

Confesó que le hubiera gustado terminar su periodo, “tengo cerca de 11 años en esta función y de manera también muy personal, un tanto si quieres egocéntrica, pero creo que la institución ha venido trabajando bien, con muchas áreas de oportunidad, como toda institución pública, pero hemos sido una institución que ha madurado, ha venido transformándose en la medida que nuestros marcos normativos y nuestras relaciones institucionales nos lo permiten”. 

Destacó que la ASEG es una institución que ha sido reconocida en algunos rubros y que por eso se siente satisfecho, “por lo tanto me causa un poco de frustración que tenga que separarme de manera tan imprevista en estos momentos”. 

Reconoció que su renuncia se dio en un momento muy cercano a la publicación que hizo Correo sobre que los municipios no cumplen las recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato “se dio en un momento muy cercano, el tema de la nota relacionada con los saldos del ejercicio 2022 y son datos incuestionables. Somos transparentes y damos a conocer esos saldos”. 

Detalló que cuando despliegan un acto de fiscalización bajo la dinámica, “la estructura que hoy tenemos, que es a consumación de actos, es decir, a cierre de ejercicios presupuestarios, lo que nos encontramos es con eso, una serie de inconsistencias o irregularidades que son las que están plasmadas aquí y luego vienen los procesos de responsabilidad, que seguramente se abrirán en los municipios o en la propia auditoria”

Reconoció que la información publicada la semana pasada por Correo, es un saldo real de “más de 300 recomendaciones que en el momento que ponemos a consideración de los sujetos, no nos atienden, no los solventan o no tienen la capacidad para poderlo superar, pero es parte también de un diseño que la fiscalización ha tenido y que todo apuntaría a que tendría que cambiar”, reconoció. 

Javier Pérez abundó que deberíande trabajar más de manera preventiva en los actos, en lugar de estar revisando lo que ya se hizo y evitar que estos saldos aparezcan. “Más que darle mayores elementos coercitivos a las auditorías, es simplemente transformar el proceso de fiscalización dándole herramientas para poder auditar los presupuestos en tiempo real y poder conducir los procesos para evitar que se presenten estos saldos”. 

Insistió que el tema de las sanciones ya lo tienen, “hoy tenemos estructuras de investigación, de sustanciación y en el caso de los órganos internos de control municipales, hasta de resolución; es decir, la estructura que tiene que ver con ejercicio de responsabilidades ya está muy bien definido, ya están las consecuencias para quien actúa de manera irregular, pero para no llegar a ese tema de la responsabilidad, que debe ser en todo estado de derecho, una excepción, debemos hacer un paso atrás y regresar a que la Auditoria realice más bien actos de acompañamiento en tiempo real, lo que llamamos auditorias concomitantes”. 

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