1. IACIP: una extinción sin resistencia ni defensa
La aprobación del dictamen de reforma constitucional que extingue a los organismos autónomos garantes de los derechos humanos de transparencia y protección de datos personales, hizo despertar al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) que preside Mariela del Carmen Huerta Guerrero.
El asunto es que no lo fue para posicionarse de fondo sobre las intenciones presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, sino sólo para aclarar que seguirán en funcionamiento luego de que el 23 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votara lo que es la parte inicial del proceso que debe seguir el Congreso de la Unión para reformar la Constitución.
“El pleno del IACIP se mantendrá atento al desarrollo del proceso de la reforma constitucional y su eventual armonización en el estado, a la vez que mantiene abiertos los canales de diálogo y acercamiento con los diversos poderes locales para defender estos derechos y sus garantías” indicaron en un comunicado que sólo confirmó la motivación de la reforma: su oficialismo.
El planteamiento de López Obrador y la 4T provienen -como en muchos otros temas- de inconformidades reales y consistentes, son sus amargas medicinas las que se muestran drásticas y sin dar certeza de mejora. Sobre los órganos de transparencia básicamente hay dos acusaciones fundamentales: son caros y serviles a los gobiernos estatales.
En Guanajuato no han faltado los malos gestos del pleno del IACIP con resoluciones que han terminado por garantizar la opacidad y discrecionalidad del gobierno panista de Guanajuato. Desde aquel exdirector de nombre Eduardo Hernández Barrón que se autopromovió en 2012 con cargo al erario, para después ser premiado con una magistratura, los ejemplos son varios.
Para no irnos tan lejos, está la reserva total de la información referente al proyecto GTO Leasing, que activistas y periodistas han tratado de desclasificar bajo la base del uso y disposición de recursos públicos, so pretexto de la participación de capitales privados. Ni siquiera se pueden saber los estados financieros de este emprendimiento público privado.
Otra variante es la seguridad y las auditorías como salvoconducto para pretextar reservas. A pesar de que se ha vuelto un patrón por ambos temas, el IACIP no ha puesto en duda o en revisión los mecanismos del gobierno guanajuatense para usar ambos argumentos, aún cuando el descaro se hace presente en el momento en el que la solicitud llega a las unidades de transparencia.
Por todo lo anterior no debe extrañar que la respuesta a la reforma federal, sea que en su caso “se habrá de rediseñar la ley estatal conforme a lo que defina la Ley General que se emitirá”, por lo que será con los políticos del propio establishment local con los que se deliberará su verdadero destino. Vaya convicción por la transparencia.
2. Belinda y el ‘flexible’ fondo de cine
No se trata de hacer un juicio moral o una crítica artística sobre la obra videográfica y musical que la popstar Belinda grabó en Guanajuato. Pero sin duda este affaire que costó 5 millones de pesos obliga a reparar sobre el uso o desuso que se realiza del Fondo de Fomento a las Actividades Cinematográficas y Audiovisuales.
Para ponerlo fácilmente en perspectiva, tan sólo el apoyo completo presupuestado para este 2024 para el Festival Internacional de Cine de Guanajuato es de 5 millones de pesos y el presupuesto completo del fondo de fomento en 2023 apenas llegó a los 7 millones de pesos. Así que, de entrada, el costo del video clip de la famosa cantante ya hace levantar las cejas.
Fue en 2014 cuando el gobierno de Miguel Márquez Márquez promovió la existencia de este fondo, justo a través de Juan José Álvarez Brunel, actual secretario de turismo, que en aquel momento era diputado federal. En aquel momento se justificó como la medida para promover el turismo y la producción y promoción de cine en Guanajuato.
No se puede desconocer que de este fondo se ha apoyado destacadas producciones como “Sin señas particulares” de Fernanda Valadez Rodríguez que se financió casi en un 90 por ciento por la Comisión de Filmaciones (CFGTO) que opera el fondo, “Estado de un imperio”, de Amat Escalante, “Santos Degollado” de Reila Liliana Escalante, que recibieron 300 mil pesos cada una.
Lo que no se puede dejar de lado es la diferencia abismal entre las producciones citadas y la que realizó Belinda, que parece no ser proporcional al apoyo que recibieron. Más aún que sea la estampa perfecta que evidencia aún más el extravío en el que ha caído la CFGTO, que a partir de 2021 resulta que se ha volcado a la producción musical con cantidades iguales o superiores.
3. Los municipios y la endeble protección a la niñez
Si un eslabón para la atención de los grupos vulnerables en Guanajuato es endeble o apenas primigenio, ese es el de los municipios. Aunque ya 32 de ellos han fundado su Procuraduría Auxiliar de Atención a Niños y Niñas mediante sus estructuras del DIF, aún se evidencian fallas o lagunas que se suman a los 14 que siguen con esta asignatura pendiente.
Hace una semana, la atención pública se fijó en el caso de Sofia, una niña de 7 años que se encontraba bajo resguardo del DIF de Celaya, pero que murió cuando se encontraba en una casa de asistencia que pertenece a la red de apoyo de la recién creada procuraduría auxiliar de León. El caso llamó la atención por el cambio de plaza pero sobre todo por la disparidad de información.
Al final, el caso de Sofia evidenció estructuras municipales inconexas, que poca información fidedigna pudo dar al momento de que se dio a conocer el trágico suceso, sobre todo por los diferentes criterios que operan a la hora de trabajar con las redes de organizaciones de protección a la niñez y grupos vulnerables.
Ahora podemos imaginar lo que ocurre en municipios como Irapuato, Celaya, Salamanca, Pénjamo o Dolores Hidalgo, donde no han cumplido con la ley que les daba hasta diciembre de 2023 para instalar sus procuradurías auxiliares de protección a niñas, niños y adolescentes.
La propia titular de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Teresa Palomino dio cuenta del panorama que urge de la homologación entre estado y municipios: 423 infantes separados de sus familias pero sólo 151 susceptibles de adopción, un universo que apenas asoma las necesidades de un sistema apenas en proceso de armado.
CONTRA RETRATO
Jorge Espadas Galván
Al ser un oficialista empedernido, este periodo de transición lo coloca en una posición ambigua, entre el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que está por terminar y el de Libia Dennise García Muñoz Ledo que está por iniciar. De manera que su papel actual y venidero adquiere cierta relevancia al fungir como una bisagra entre dos objetivos políticos distintos.
La verdad es que Jorge Espadas Galván parece tener las cartas para desempeñarse en ese papel. No sólo por ser quien se perfila como el próximo coordinador de la bancada del PAN en el Congreso Local, sino por prácticamente haberse desempeñado en los cargos clave del Poder Legislativo de Guanajuato.
Para ser más concretos, el proceso que se dirime en estos días para definir al próximo titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), ha sido una primera prueba para quien llega por primera vez como diputado local, luego de haber sido legislador federal, secretario general del Congreso de Guanajuato y coordinador de asesores del PAN de Guanajuato.
Espadas Galván es uno de los operadores principales para buscar el equilibrio entre el grupo de Juan Carlos Alcántara que representa Aldo Márquez Becerra como diputado local y la nueva gobernadora, pues esta básicamente llegará al poder político sin legisladores afines o que le respondan a sus causas.
La cantidad de nombres que ha brotado como supuestos bendecidos por el oficialismo pululan. Lo más certero sería decir que, en todo caso, Jorge Espadas lo más que podría garantizar es una opinión de valor para definir a un perfil capaz de asimilar las cuentas del sexenio que está por terminar y las del que está por iniciar.